El plan de choque urgente presentado por la Fundación IDIS para dejar las listas de espera quirúrgica a cero antes del 1 de enero de 2018 está teniendo repercusiones. ASPE también apoya la propuesta que supone una inversión estimada de 1.500 millones de euros, equivalente al 1,5% sobre el gasto total de la sanidad en España.
Desde ASPE se apoya el plan y espera que “sea bien recibido por parte de los poderes públicos y de la ciudadanía en general”, además, pide al Ministerio de Sanidad que valore la posibilidad de ofrecer un plan de financiación a las Comunidades Autónomas para garantizarlo poniendo como ejemplo lo que sucedió hace dos años con la crisis sanitaria de la Hepatitis C.
ASPE considera esta propuesta como “una solución eficaz al problema de las listas de espera quirúrgicas que afecta a la Sanidad en nuestro país, con más de 615.000 pacientes en toda España y un tiempo de demora media de 115 días. Una situación que afecta directamente a la calidad del sistema sanitario y cuyos datos desglosados demuestran enormes desigualdades entre comunidades autónomas, con tiempos medios de espera para una intervención que varían desde los 46 días en La Rioja hasta los 147 días en Guadalajara, según la información publicada recientemente por el diario El País”.
En una nota, la propia ASPE asegura que “En la actualidad, se están produciendo cambios sin precedentes en nuestra sociedad, acelerados por los avances tecnológicos, el envejecimiento demográfico y el aumento de la cronicidad, que hacen imprescindible un debate serio y riguroso sobre los problemas que afectan a la Sanidad, en el que se dejen a un lado las cuestiones ideológicas. En este sentido, con el fin de garantizar la sostenibilidad y la solvencia de nuestro sistema sanitario en el medio y largo plazo, consideramos urgente la consecución de un acuerdo lo más amplio posible sobre un modelo de colaboración público-privada que aporte una mayor flexibilidad y una importante reducción de costes como consecuencia de las diferencias existentes entre los precios públicos publicados por las comunidades autónomas y los precios establecidos en los conciertos”.
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