..Juan Pablo Ramírez/ Fotografía: Cristina Cebrián.
El primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la era Montón ha dejado un acuerdo claro. Las comunidades autónomas creen necesario homogeneizar la atención sanitaria a inmigrantes irregulares. Hasta ahí llega el consenso. A partir de este punto comienzan las divergencias. Las comunidades gobernadas por el PP consideran que la universalidad no era una cuestión urgente, que los documentos entregados no son suficientes y que la financiación sanitaria debe ser prioritaria. Las declaraciones de los consejeros del PSOE iban en la dirección opuesta. Se mostraban satisfechos por la recuperación de este derecho y por la rapidez con la que había actuado el Gobierno.
Carmen Montón llegó al Ministerio de Sanidad hace poco más de 20 días con la idea clara de recuperar la universidad de la asistencia sanitaria y reintegrar a los inmigrantes en situación irregular así como otros colectivos que habían quedado excluidos a raíz del Real Decreto 16/2012, aprobado por el Gobierno en la etapa de la ex ministra Ana Mato. Más allá de los inmigrantes, uno de los colectivos que habían quedado desprotegidos eran las personas que nunca habían trabajado, debido al establecimiento de un modelo de aseguramiento. Con este fin, convocó el Consejo Interterritorial con la universalidad como único punto del día.
La nueva normativa servirá para que “las personas en situación irregular sean atendidas en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles”, aseguró Montón
Al término de la reunión con los consejeros, Montón confirmó su intención de continuar con “la recuperación de derechos perdidos” con el RD 16/2012 “paso a paso“. Significa que no habrá derogación del Real Decreto 16/2012 y que se modificará el articulado referente a la universalidad con un nuevo real decreto. La nueva normativa servirá para que “las personas en situación irregular sean atendidas en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles“. Para garantizar el acceso universal a la asistencia, aquellas personas en situación irregular que no estén empadronadas en los últimos 90 días, podrán solicitar “un informe social” para disfrutar de la atención sanitaria.
“Las comunidades han estado este tiempo buscando soluciones pero no de manera armónica. Es el momento de dar un paso adelante y construir juntos“, explicó Montón. Todos los consejeros que pasaron por la sala de prensa admitieron que sus comunidades habían puesto en marcha medidas que permitieran atender a los inmigrantes en situación irregular. Por tanto, la nueva ley no tendrá impacto económico. “La Unión Europea nos dice que es más gravosa la atención por urgencias que por atención primaria. No hay sobrecoste, porque las comunidades ya estaban dando esa atención sanitaria“, insisitió Montón.
Es ahí donde surgen las principales quejas de los consejeros del PP. El titular de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha advertido de que la reincoporación de las 840.000 personas que habían quedado excluidas, según el PSOE, supondría un coste de 1.200 millones de euros. “Nos dicen que la inclusión sanitaria no tiene efecto. Puede ser por dos razones. O no querían tocar el tema de la financiación o que estas personas ya están tratadas“, añadió Sáez Aguado. El consejero de Castilla y León se ha mostrado especialmente crítico con la documentación aportada por el Ministerio de Sanidad, “un folio por las dos caras” y la ausencia de una memoria económica. Sáez Aguado no compartió la urgencia de la ministra Montón y especificó otra prioridad, la financiación sanitaria. Antes de la moción de censura, la anterior ministra, Dolors Montserrat, había convocado un Interterritorial monográfico sobre financiación. “El Ministerio y determinadas comunidades autónomas ya no tienen urgencia en abordar de manera monográfica la financiación. Nosotros siempre hemos mantenido la urgencia con ambos gobiernos“, subrayó.
“Nos dicen que la inclusión sanitaria no tiene efecto. Puede ser por dos razones. O no querían tocar el tema de la financiación o que estas personas ya están tratadas”, explicó Sáez Aguado
A las críticas de falta de solidez que habían mantenido varios consejeros del PP respondió la responsable de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real. “A mí me parece una improvisación el RD 16/2012, que se hizo sin aportarnos ninguna documentación”. También expresó sus críticas al real decreto, la consejera andaluza, Marina Álvarez, quien lamentó “la falta de valoración económica de la normativa”. Álvarez insistió en la idea de que no se producirá un sobrecoste para el sistema. “La media de estas personas es menor de 30 años, son sanas y frecuentan poco la consulta”. En el caso de Andalucía el coste podría ascender a los 30 millones de euros, “una cantidad baja con respecto al presupuesto sanitario”.
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