..Juan Pablo Ramírez.
..Cristina Cebrián (Fotos y vídeo).
Una de las claves del proyecto de la receta electrónica privada es el consenso entre todos los agentes. El proyecto ha reunido a los consejos generales de médicos, odontólogos, podólogos y farmacéuticos; los representantes de la sanidad privada, con la Fundación IDIS, la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE) y las aseguradoras, así como a las mutualidades Muface, Mugeju e Isfas. El nuevo sistema presenta una serie de ventajas: mayor seguridad, un mejor control de la adherencia, menos duplicidades y una reducción de los riesgos por efectos adversos e interacciones. Son algunas de las conclusiones de los expertos que participaron en un coloquio organizado por iSanidad.
El proyecto echó a andar en 2017 “tras el comienzo de un documento de consenso con el que se comenzó a caminar”, explica la secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Raquel Martínez. Este texto “reunía a todas las partes y estuvo terminado en 2018”, afirma Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS. Ese primer año sirvió para elaborar los documentos técnicos de intercambio de información y contactar con el Ministerio de Sanidad. Pero el germen surge entre 2011 y 2012. En aquel momento comienza el proyecto del sistema de verificación “para evitar la falsificación de recetas”, destaca José María Rodríguez, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC).
El proyecto de la receta electrónica privada echó a andar en 2017 con el desarrollo de un documento de consenso
El proyecto se presentó el pasado 25 de febrero en el Ministerio de Sanidad y ya se han hecho las primeras pruebas de prescripción y de dispensación. “Estamos preparando ahora un piloto con Muface. Está incluido en su plan estratégico y se lanzará el próximo julio“, subraya Adolfo Fernández-Valmayor. El representante destaca a las mutualidades como “dinamizadores”, pero espera un mayor respaldo de Sanidad. “Podría ayudarnos enmarcando algún tipo de normativa o de plazos, que hoy no existen”, incide. Si el Ministerio no da este paso, “será el paciente el que nos lo demande”, añade.
La estructura puede resultar compleja pero facilita las tareas tanto del prescriptor como del dispensador. Una vez que se produce la prescripción y queda depositada en el sistema, el paciente acude a la farmacia a retirar el medicamento. “En la parte dispensadora existe un nodo que permite la comunicación entre ambas partes implicadas: la prescriptora y la dispensadora. La información circula por una red privada virtual”, destaca Raquel Martínez. El acceso a la misma por ambos profesionales se realiza a través de un certificado de autenticidad para garantizar la seguridad.
Se trata de un sistema abierto con unas reglas y criterios de seguridad. “No estamos obligando un único sistema de prescripción. Existen tantos sistemas como puedan ser necesarios. Muface va a tener su propio sistema y los grupos hospitalarios tendrán el suyo”, aclara Fernández-Valmayor. La primera condición es que deben estar certificados como sistemas de prescripción. “La OMC es la única que tiene esa potestad, según real decreto”, advierte. La segunda consiste en la capacidad de consulta para comprobar que el prescriptor está colegiado y no se encuentra inhabilitado. Este modelo ofrece otras facilidades como una base de datos de medicamentos o alertas cuando haya desabastecimientos en las farmacias.
Los sistemas de prescipción deben estar certificados y permitir la comprobación de que el prescriptor está colegiado y habilitado
“Vamos a aportar esa seguridad al paciente, además de la comodidad que estamos viendo con la receta electrónica pública”, señala Raquel Martínez. Pero las grandes ventajas son “el control de la adherencia, el seguimiento fármaco-terapéutico y un mejor uso del medicamento“. Estas ventajas parten de una base: una mejor comunicación entre los profesionales y el paciente.
El sistema facilita el intercambio de información entre el dispensador y el prescriptor, ya sea médico, odontólogo o podólogo. En la receta no solo aparece el número de colegiado del prescriptor o su código de verificación, sino también de teléfono o el email. De esta manera, el farmacéutico puede consultar al médico en caso de que surja una duda o perciba una incongruencia. El prescriptor podrá comprobar si el paciente ha retirado el fármaco, una información que hasta el momento desconocía.
El sistema de receta electrónica privada facilita el intercambio de información entre el dispensador y el prescriptor, ya sea médico, odontólogo o podólogo
La receta electrónica privada responde a una de las principales preocupaciones de los pacientes, la privacidad de los datos. “La Ley de autonomía del paciente establece que es el propietario de la historia clínica y los médicos son los custodios”, señala José María Rodríguez. Es el paciente el que decide a quién da acceso. “El sistema de seguridad y de acceso garantiza que los datos no se trasvasen y haya una confidencialidad total”, subraya. La secretaria general del CGCOF considera necesario el acceso del farmacéutico a una parte de esa historia clínica.
En concreto se refiere al diagnóstico y al historial fármaco-terapéutico. “Es un requisito imprescindible para que el propio profesional farmacéutico pueda trabajar con su paciente”, defiende. Así el dispensador puede realizar sus funciones de “seguimiento, evitar duplicidades, efectos adversos, interacciones, la fármacovigilancia y el control de la adherencia”.
El proyecto se detiene en otro aspecto clave en la seguridad de los datos. Determinados fármacos no podrán ser consultados o conocidos por todos los agentes. “Habrá medicamentos que estarán protegidos por clave y que el farmacéutico no podrá acceder a ellos. Salvo que el paciente le autorice”, explica Fernández-Valmayor. El secretario general de IDIS advierte de que el sistema no va a concentrar la información. “No vamos a tener la visión global de toda la información, ni siquiera el hub concentrador, al que tienen acceso las 22.000 oficinas de farmacia”, apostilla.
