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La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha emitido un comunicado en el califica de “muy positivo” el proyecto de Real Decreto sobre la colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias. Su objetivo es evitar los conflictos de intereses que lleven a que “recomendaciones o informes se alejen del interés general”. Pero, además, la SEMG considera que el proyecto “debe extenderse a otros órganos públicos” que participan en las decisiones del Ministerio de Sanidad, “como las Agencias de Evaluación de Tecnologías”.
Señalan que la ampliación de la norma a otros organismos evitaría “situaciones lamentables”. Concretamente, se refieren a un informe emitido por el Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (Osteba) el pasado mes de julio. El informe evaluaba la formación en ecografía en atención primaria. Consideraba “de forma inexplicablemente preferente”, señala la SEMG, “los cursos impartidos por una sociedad médica a la que pertenece uno de los revisores del mismo”.
SEMG ha emitido un comunicado en el califica de “muy positivo” el proyecto de Real Decreto sobre la colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias
Entienden que la imparcialidad debe conllevar que todas las actividades de formación utilizadas en el informe citado “deberían tener una equidad en el trato”. Además, consideran que deberían evaluarse en función de criterios de calidad de los contenidos, años de experiencia y respaldo académico.
La SEMG recuerda que en la propia propuesta de la norma se señala que los conflictos de intereses se generan también en el “ámbito asistencial, en el docente, en el investigador, en el de asesoramiento científico, etc”. Por ello, “es imprescindible garantizar la transparencia e imparcialidad de las decisiones en todos los niveles y ámbitos del sistema de salud”.
La sociedad recuerda que los conflictos de intereses se generan también en el “ámbito asistencial, en el docente, en el investigador, en el de asesoramiento científico, etc”.
Además, señalan que la medida que prepara el Ministerio “servirá para evitar la aparición de rumores sobre la financiación de sociedades científicas por la Administración”. Se refieren a que los Comités que se encargan de la selección de proyectos o programas estén “integrados por miembros de la misma [sociedad]” o “por cargos políticos vinculados a la sociedad científica”. En este sentido, se ganará “en transparencia y equidad, al ser públicos los conflictos de interés”, apuntan. La SEMG hace hincapié en que “no puede estar de acuerdo ni respaldar cualquiera de las situaciones citadas”.
También piden que el desarrollo de esta medida se extienda a las consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas. Así, se homologará la actuación en todo el territorio nacional, “extendiendo la transparencia y los conceptos éticos a todo el territorio nacional”.
Por último, la SEMG afirma que seguirá prestando su colaboración al Ministerio y a la Administración sanitaria en general para aportar las “pruebas científicas, de los conocimientos y de la experiencia que aportan las personas y las organizaciones expertas” en pro de la toma de las mejores decisiones sanitarias para nuestros pacientes.
