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La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) reclama que la administración sanitaria asuma con su obligación legal de financiar la formación médica continuada. Hasta ahora, ha sido la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria las que han hecho posible gran parte de la formación de los médicos.
La petición de Facme llega después de conocerse el contenido del borrador del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados en relación con las medidas de financiación de la formación continuada de los profesionales. Este documento propone la “prohibición de estas actividades, directa o indirectamente financiadas por la industria”. Por ello, desde Facme hacen un llamamiento para reevaluar dicho planteamiento sobre la financiación de la formación médica continuada.
Esta formación medica “es esencial” para que los profesionales proporcionen la mejor atención sanitaria
La inversión en este tipo de formación que realiza el Sistema Nacional de Salud “no cubre ni las mínimas necesidades formativas ni la de todos los profesionales, dado que algunos de ellos ejercen en el sector privado”, explican desde Facme. Esta limitación se compensa con con inversión procedente de otras fuentes, como la industria farmacéutica y la de tecnología sanitaria. Ambas ocupan un papel relevante y además se ha dotado de forma voluntaria de un Código de Buenas Prácticas que pone el listón en el máximo nivel de lo que debe entenderse como aceptable en las relaciones con los profesionales sanitarios.
Desde la Federación insisten en que esta formación medica “es esencial” para mantener la competencia de los profesionales y que proporcionen la mejor atención sanitaria posible. En este sentido, las sociedades científicas tienen un papel muy importante en su desarrollo.
Si se pone en marcha la medida señalada en el borrador, deberá hacerse garantizando la existencia de fondos públicos suficientes para continuar ofertando esa formación
Por otro lado, Facme plantea que, si se pone en marcha la medida señalada en el borrador, deberá hacerse garantizando la existencia de fondos públicos suficientes para continuar ofertando esa formación. Así como respetando la accesibilidad de los profesionales y sus propias necesidades formativas, independientemente de las planteadas por las administraciones.
La Federación recuerda que las actividades formativas organizadas por las sociedades científicas deben regirse por el marco de la transparencia. Y no solo con sus propios socios sino con todas las partes implicadas. “Esa transparencia se ha convertido en un objetivo primario de las sociedades y, por tanto, de Facme”, concluyen.
