..Juan Pablo Ramírez. Director de iSanidad.
La aprobación en el Congreso de los Diputados del dictamen de la Comisión de Reconstrucción deja un germen de pacto de Estado por la sanidad. Es una noticia que el sector lleva esperando demasiado tiempo. Sin embargo, este pacto sanitario ha generado más incertidumbre que satisfacción. Una vez más nuestra clase política trata de gobernar sin escuchar a los verdaderos expertos. Pero lo más grave es que pueden generar un daño considerable a los pacientes.
El artículo 47.2 del documento aprobado en el Congreso prohíbe a la industria farmacéutica financiar la formación de los médicos y los pacientes. El punto presenta dos puntos bien diferenciados. “Tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes”. Así reza la primera parte del artículo. Bien hasta aquí. Ya era hora de que las administraciones se decidan a pagar la formación de sus médicos. Hasta ahora, los presupuestos de las comunidades autónomas aportan presupuestos ridículos a esta partida, mientras que el Ministerio de Sanidad se ha lavado las manos históricamente. Ante la invisibilidad del Gobierno y las comunidades autónomas la industria ha tenido que asumir esta función.
La aprobación en el Congreso del dictamen de la Comisión de Reconstrucción deja un germen de pacto sanitario que crea más incertidumbre que satisfacción
Las autoridades han ignorado también a las asociaciones de pacientes que han realizado grandes logros en la última década. Nunca antes nuestros pacientes habían estado tan bien informados. Pero su labor más allá. En un sistema sanitario cada día más fraccionado han aportado ayudas para que personas enfermas hayan podido tratarse en otros territorios. Otra vez la industria ha hecho frente al vacío dejado por las administraciones. Mejor no hablar de la investigación independiente que ha financiado el Gobierno en nuestro país. Solo hay que mirar las cifras en los presupuestos del Ejecutivo y de las comunidades autónomas.
Y en vez de valorar este esfuerzo, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos pretende prohibirlo. “Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria”, reza la segunda parte del artículo. El PP presentó una enmienda para cambiar este punto, pero las fuerzas del Gobierno las rechazaron. De momento, el documento no tiene rango de ley, pero el Gobierno se compromete a legislar sobre todos los puntos del dictamen e incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno ya sabe lo que cuestan estas actividades al año: 601 millones de euros. Si se decide a acometer esta medida, cualquier cifra inferior a esta cantidad debería ser entendida como un recorte. Sin estas ayudas podrían desaparecer alrededor de 3.000 asociaciones de pacientes, el 85% del tejido.
Las autoridades han ignorado a las asociaciones de pacientes que han realizado grandes logros en la última década
Resulta incomprensible la prohibición. Es el momento de que el Gobierno y las comunidades autónomas apuesten por formar a médicos y pacientes, pero carece de sentido que la aportación que quiera hacer el Gobierno y las comunidades autónomas se sumen a la financiación de la industria. En un país con una inversión en investigación tan baja y que aspira a invertir el 2% de su PIB, no tiene lógica limitar los fondos de una industria como la farmacéutica, el sector productivo que más dinero destina a la I+D+i, más de 1.000 millones de euros, el 20% de la inversión global del sector privado.
Tampoco resulta coherente cambiar de forma drástica el modelo de formación de los médicos. España es hoy el segundo país del mundo que más ensayos clínicos atrae después de Estados Unidos. Muchos pacientes se benefician hoy de estos estudios que se realizan en hospitales españoles. Esto sin duda es gracias a la excelente formación de nuestros profesionales.
