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El Gobierno de Valencia comienza a imponer su ideología en el sector sanitario

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El nuevo gobierno de Valencia no ha esperado para comenzar a ejecutar sus planes e ir dando forma a su nueva concepción de la sanidad. Solo el nuevo nombre de la Consellería ya es un símbolo Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. La propia Carmen Montón en su toma de posesión que iba a trabajar para “devolver los derechos a los valencianos y valencianas, en la recuperación del sistema sanitario público“.

En ese mismo discurso se comprometió a rescindir “todos los conciertos posibles“. Sin embargo no habló del coste que pueden tener las rescisiones de los hospitales de Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche-Vinalopó y Manises. El de Alzira finaliza en 2018, Torrevieja en 2021, Dénia en 2023, Manises en 2014 y Elche en 2015.

Dado el estado de las arcas públicas de la Comunidad, no parece que puedan sacar partidas presupuestarias suficientes para afrontar los costes derivados, no solo por las indemnizaciones, sino por las miles de contrataciones que supone afrontar, tanto de médicos como del resto del personal sanitario.

La propia “privatización” es un término ideológico del proceso de “externalización” de la gestión. No es un fenómeno reciente y muchos años atrás las administraciones decidieron limitar el coste de los servicios no esenciales de la actividad del hospital, tales como limpieza, seguridad, mantenimiento, informática, contabilidad, restauración… Hace tiempo que la sociedad española busca especialistas en los sectores no principales de su actividad para abaratar costes. Las plantillas de estas empresas de servicios son abundantes y especializadas, y además mantienen una capacidad de maniobra que los clientes buscan.

La externalización de servicios no es una ideología, es el producto de un profundo análisis económico que busca el beneficio económico de los clientes. El sobredimensionamiento de personal especializado que puede necesitar un hospital para mantenerse operativo puede ser asumido por varios hospitales (bajas, vacaciones, formación…). El problema es el control de los servicios que se prestan, es el punto determinante de la externalización, si se pierde el control es que no se ha hecho un análisis correcto.

Antes de anunciar la ruptura de un sistema debería evaluarse los costes económicos, porque sanidad púbica no es sanidad gratuita, de cada euro que cada español gana tiene que “entregar” una parte para el Sistema Nacional de Salud.

Paralización de la demolición de la Antigua Fe de Valencia
El nuevo Consell del Gobierno valenciano, presidido por el socialista Ximo Puig ha iniciado su nueva etapa y entre otros acuerdos, ha anunciado que por el momento se paralizará la “carísima” demolición de la antigua Fe de Campanar para analizar si el hospital se puede se puede rehabilitar “y cumplir su función, que es ser un hospital”.

Carmen Montón ha decidido que la “Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública” invierta en realizar un informe “de manera inmediata” para estudiar “la viabilidad de todos los pabellones del antiguo hospital La Fe” y conocer qué uso sanitario se les puede dar.

El antiguo conseller, Manuel Llombart, había dado a conocer que en noviembre comenzaría la demolición, con una duración entre 12 y 20, porque “el avanzado deterioro y el alto grado de amianto que tiene la infraestructura supone que el coste de reparación sería dos veces superior al de derribarlo y hacerlo nuevo”. Para montón no han sido suficientes los cinco informes que detallan que el complejo de Campanar tiene problemas irreversibles de resistencia estructural, incluso los informes aseguran que el coste de la reparación de los edificios podría llegar a los 185 millones de euros, un monto muy superior a los 70 millones de presupuesto que tiene el nuevo hospital Arnau de Vilanova-La Fe, una diferencia muy marcada por la gran complejidad técnica que supone la retirada completa del fibrocemento (amianto).

Quizá habría que mirar muy detenidamente los informes existentes antes de anunciar uno nuevo.
..Dr. López Ortega