La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), dependiente del Ministerio de Defensa, a indemnizar con 60.000 euros a la familia de una mujer de 81 años fallecida como consecuencia de una operación de vesícula en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.
En la sentencia, fechada el pasado 28 de octubre y tramitada por los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente, se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la hija de la paciente en mayo de 2014 y condena al ISFAS al abono de las costas del proceso.
Los hechos se remontan al mes de junio de 2013, cuando la paciente C.H.R es intervenida en dos ocasiones para la extirpación de la vesícula en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. En la primera intervención hubo un error técnico, y es que durante la operación le fue lesionada la vía biliar y hubo una fuga de líquido que empezó alojarse en la cavidad abdominal, un hecho que empezó a complicar sobremanera el postoperatorio.
Además se produjo un retraso en el diagnóstico, y es que pasó hasta más de una semana, periodo de tiempo suficiente para que el estado de salud de C.H.R. empeorase hasta la extrema gravedad.
Tras someterse a una resonancia, y de nuevo ser intervenida por segunda ocasión, ya de extrema urgencia, y estando al borde de la muerte, estaría ingresada en la UCI , donde sufriría un fallo multiorgánico y una rectorragia. A pesar de tener episodios continuos de diarreas, sería dada de alta el 27 de julio.
Posteriormente y, en varias ocasiones visitó el Servicio de Urgencias del Gómez Ulla, ya que tuvo episodios de rectorragias con cuadros de anemización. Tras ser enviada por parte del Gómez Ulla al Hospital Universitario Gregorio Marañón, allí le son realizados varios intentos -fallidos- por detener la hemorragia. Finalmente, el 25 de agosto moría por “shock refractario y síndrome de disfunción multiorgánica”.
La sala de la Audiencia Nacional detecta en este caso dos “anomalías”; la primera en el seguimiento y tratamiento postoperatorio de la primera intervención quirúrgica y, la segunda en la constatación de las complicaciones posteriores y el retraso en el tratamiento de una rectorragia.
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