..Cristina Cebrián.
El conflicto que arrastran durante años los afectados por la talidomida, lejos de solucionarse, continúa adelante. La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) anunció la semana pasada su intención de demandar al Estado al no conseguir una regulación fiscal que exima a los afectados de pagar impuestos tras recibir las ayudas establecidas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
“El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna voluntad política de regular la exención fiscal de las ayudas aún pendientes de pagar”
La decisión llega después de que el vicepresidente de Avite, Rafael Basterrrechea y el abogado de la Asociación, Ignacio Martínez, mantuviesen una reunión con la Secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, en la que no se llegó a ningún acuerdo. Desde Avite califican esta reunión de “decepcionante” al comprobar que “el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna voluntad política de regular la exención fiscal de las ayudas aún pendientes de pagar, para evitar con ello agravios comparativos con el resto de talidomídicos del mundo”. En España, explican, existen también diferencias con víctimas de otros daños como infectados por VHC, VIH, accidentes de tráfico o terrorismo, entre otros.
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gnacio Martínez (abogado de Avite): “En los próximos días la Asociación presentará una reclamación patrimonial previa a la interposición de una demanda”
Ignacio Martinez, abogado de Avite, apunta que desde el Ministerio de Hacienda “se han hecho oídos sordos a una reclamación elemental que lo único que pretende es que esas ayudas vayan a paliar la situación de los afectados y no a ser revertidas de nuevo al Estado mediante impuestos”. Por ello, Avite considera que “se ha traspasado una línea roja” y han decidido tomar acciones legales, tal y como anunciaron en un comunicado. Al tratarse de una demanda al Estado, “en los próximos días la Asociación presentará una reclamación patrimonial previa a la interposición de una demanda que será de cientos de millones de euros”, aclara Martínez. Si no reciben respuesta de la Administración, la demanda contenciosa-administrativa no se podría realizar hasta dentro de seis meses.
Sin reconocimiento oficial de afectados
Después de un año desde que se iniciaran las solicitudes, aún no se ha producido ningún reconocimiento oficial de afectados por la talidomida por parte del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Y es que, tal y como explican desde Avite, éste es un paso previo indispensable para proceder al pago de las ayudas. A día de hoy, recuerdan, existen más de 500 solicitudes registradas de afectados que continúan paradas.
