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El Congreso ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Esquerra Republicana (ERC). Así, se pretende reducir esta cifra del 30% actual al 8%. El pacto establece que los interinos de las administraciones públicas que lleven ocupando de forma ininterrumpida desde hace al menos 10 años una plaza estructural que nunca haya sido convocada, podrán acceder a esta sin necesidad de opositar. Simplemente será necesario que superen el concurso de méritos.
Los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán acceder a esta plaza superando el concurso de méritos
Las modificaciones se añadirán en la tramitación de la norma como proyecto de ley que debería concluir a finales de octubre. Así lo ha indicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, durante su intervención en el Congreso. El pacto con ERC ha posibilitado que la formación apoyase el decreto ley en una votación a la que el Gobierno llegaba sin apoyos suficientes para evitar su derogación. Además, las mejoras comprometidas también han servido para lograr el respaldo de Unidas Podemos.
Según ha señalado Montero se les aplicará la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta recoge con carácter excepcional la selección de funcionarios a través de un concurso a partir de la valoración de méritos. En el decreto ley se preveía que la valoración de la experiencia pesase un 40% en el proceso de selección. Sin embargo, ahora las comunidades autónomas podrán decidir si el examen para las plazas de estabilización que convoquen es o no eliminatorio.
Las comunidades autónomas podrán decidir si el examen para las plazas de estabilización que convoquen es o no eliminatorio
Asimismo, el acuerdo contempla la eliminación del plazo fijado para publicar y convocar los nuevos procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2021. Así, se llevaría a cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley. El pacto también contempla que estas modificaciones se incluyan en la tramitación del decreto como proyecto de ley. En este sentido, fija un plazo para completar la misma de 45 días, ya que se ha acordado que la aprobación se produzca “a mediados de octubre”.
