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El modelo sanitario para la atención del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado adolece de un problema sistémico: la remuneración de los servicios sanitarios a la sanidad privada es deficitaria desde hace años y el sector pide una actualización acorde al incremento de costes de la provisión sanitaria. Esta demanda viene dándose en los últimos años por parte del sector sanitario a las entidades gestoras. El nuevo concierto sanitario de mutualismo administrativo para los próximos años, en negociación, calcula un incremento de las tarifas del 8% en 2022. Y, en los dos próximos dos años de hasta el 10%. Sin embargo, el sector sanitario privado considera insuficiente este alza con objeto de adecuar la remuneración en la prestación de estos servicios.
El posible acuerdo para un alza de tarifa del 8% para 2022, sigue siendo insuficiente en opinión del sector sanitario
Para la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), las condiciones deficitarias actuales de remuneración hacen insostenible la colaboración del sector privado en una situación de grave tensión entre las tarifas del concierto y los costes tanto de la provisión de material sanitario como del mantenimiento de los profesionales adecuados. En esta situación, la sanidad privada teme que se produzca una concentración de servicios y prestaciones en el sector. Este hecho podría perjudicar tanto a mutualistas como a hospitales. Por otro lado, el sector pide que la atención de casos Covid-19 disponga de una remuneración diferencial más elevada.
El sector pide que los servicios prestados a los funcionarios para la atención del Covid-19 se ajusten al alza frente a las tarifas generales
Mutualismo administrativo: un sistema de ahorro público
El mutualismo administrativo ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del estudio ‘Impacto del cambio de modelo de las Mutualidades’ de la Fundación IDIS, y que se deriva del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media (917 euros anuales por asegurado) es muy inferior al gasto sanitario público per cápita (1.368 euros). En concreto, 451 euros menos.
En el caso de prosperar la Proposición No de Ley de Unidas Podemos, se estima que el mayor impacto final se trasladará a la actividad asistencial pública. Así, tendrá que asumir la asistencia de cerca de 2,1 millones de mutualistas, entre funcionarios y familiares. Esto contribuiría a agravar la situación de una sanidad ya sobretensionada, especialmente en la situación actual de pandemia.
Ocho de cada diez funcionarios se acogen al sistema de mutualismo administrativo, que tiene un efecto de ahorro de cerca de 800 millones de euros anuales al Estado
El aumento de la edad media de la cartera implica un aumento de siniestralidad. Este hecho, unido al encarecimiento de la prestación y a la inclusión de nuevas prestaciones, dificulta la sostenibilidad del modelo dado que la siniestralidad se aproxima o supera el 100% en algunas ocasiones.
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