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El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, que, entre otros asuntos, tiene como objetivo impedir el establecimiento de nuevos copagos sanitarios y busca que la gestión directa pública sea la “fórmula preferente” en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha calificado esta norma de “muy importante” porque “mejora y amplía los derechos” de los ciudadanos.
La Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión busca que la gestión directa pública sea la “fórmula preferente” en el SNS
Tal y como ha contado Darias, una vez que esta ley entre en vigor, la norma incluye que se derogará de manera “explícita, expresa y nada tácita” de la Ley 15/1997 del Gobierno ‘popular’ de José María Aznar, que permitía recurrir a fórmulas de gestión privada de los centros públicos del SNS. Su derogación era uno de los requisitos de Unidas Podemos para apoyar el nuevo texto.
Sin embargo, a través de la modificación de la Ley General de Sanidad, la nueva norma sigue permitiendo otras fórmulas de privatización. Fórmulas posibles siempre que sean de “carácter excepcional”. Para ello, habría que presentar una memoria que “garantice la necesidad de acudir a ellas por motivos sanitarios y económicos”, ha explicado la ministra.
Darias ha asegurado que la norma incluye de manera “explícita, expresa y nada tácita” que se derogará la Ley 15/1997 que permitía fórmulas de gestión privada en centros públicos del SNS
Este mismo lunes, antes de que se conociera que el Anteproyecto de Ley supone que se derogará la Ley 15/1997, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha reafirmado su disconformidad con esta norma, porque seguiría permitiendo la gestión privada en centros públicos del SNS. A su juicio, mantiene “intacta” la normativa del Gobierno de José María Aznar que permitía la “privatización”.
Por ello, ha avanzado que habrá una “batería de enmiendas” en el trámite parlamentario, de cara a revertir las privatizaciones en los servicios sanitarios. Fernández ha dicho que confía en que el PSOE “entre en razón”, “rectifique” y “acepte” esas enmiendas, dado que ahora no están conformes con el planteamiento recogido por la titular de Sanidad.
Pero a través de la modificación de la Ley General de Sanidad, la nueva norma sigue permitiendo otras fórmulas de privatización
En respuesta, Darias ha señalado que “esto es una Ley de todo el Gobierno”. Pero no aclarando específicamente si se ha contado finalmente con el beneplácito de sus socios. “Esto es una Ley de todo el Gobierno de la que estamos muy satisfechos. Ha sido fruto de la aportación de los Ministerios que forman el Gobierno. Cumple con el acuerdo programático: avanzar con la consolidación de derechos de la ciudadanía y en una gestión pública porque pone como predilecta la gestión directa”, ha defendido.
La ministra ha insistido en su posición y ha censurado las “líneas rojas” de Unidas Podemos. “Hablar de líneas rojas cuando amplía nuevos derechos e impide volver a tiempos pasados es complicado. Se apuesta por la gestión directa de los servicios públicos de sanidad, cosa que me parece muy importante”, ha reivindicado.
El Anteproyecto de Ley restringe la posibilidad de establecer nuevos copagos
Con este Anteproyecto, además de priorizar la gestión directa pública en el SNS, se restringe la posibilidad de establecer nuevos copagos. El Gobierno ya había eliminado el copago farmacéutico para preceptores del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas bajas, menores con discapacidad y personas con renta por hijo a cargo. Ahora, la nueva norma amplía también las exenciones del copago ortoprotésico para todos estos colectivos.
La nueva norma también modifica la Ley 16/2012, impulsada por la ‘popular’ Ana Mato. Esa modificación introdujo los copagos y también dividió en tres la Cartera de Servicios Comunes, estableciendo qué servicios se copagaban y cuáles no.
Unifica las tres Carteras de Servicios Comunes “para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios”
“Ahora las unificamos para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios. Con esta Ley, se garantiza que de manera homogénea en todo el territorio nacional se recupere la Cartera común”, ha explicado Darias.
Por otra parte, se recoge que las personas nacidas en España y residentes en el exterior tengan cobertura sanitaria pública cuando vuelvan a nuestro país de manera temporal. También recoge la aplicación “homogénea” en todo el territorio nacional de la recuperación de la universalidad aprobada en 2018.
El Anteproyecto recoge la aplicación “homogénea” en todo el territorio nacional de la recuperación de la universalidad aprobada en 2018
Diversas entidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) llevaban denunciando desde 2018 que, pese al Real Decreto del Gobierno para recuperar la universalidad de la atención sanitaria a todos los no residentes, aún se producían casos de exclusión en algunas comunidades autónomas. Darias ha reconocido que “no existe una aplicación homogénea” en todo el territorio nacional. Esta Ley, ha dicho, quiere acabar con esas exclusiones.
Igualmente, la norma incorpora formalmente a los pacientes en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud para “hacer efectiva la participación social” y que estas entidades puedan ejercer una “participación institucional”. “Nos parece muy importante la escucha activa y dar entrada a las organizaciones de pacientes”, ha destacado.
Se amplía la atención especializada en pacientes con déficit funcional
También se amplía la atención especializada en pacientes con déficit funcional. Hasta ahora solo se financiaban los tratamientos que “mejoraban la vida de la gente”. Esta situación provocaba dejar fuera a algunos colectivos, como los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ya que su rehabilitación no les permitía avanzar en su enfermedad sino “mantener una calidad de vida mínima”.
Por último, se incluye el desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía Salarial y la posibilidad de que la red de evaluación de tecnologías sanitarias pueda organizarse en un consorcio para poder participar en proyectos europeos. “Estamos ante una iniciativa de gran calado político que incide y fortalece los principios rectores del SNS. Significa un gran paso para seguir mejorando la vida de la gente, que es la razón de ser de este Gobierno”, ha remachado la ministra.
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 220 millones a las CC.AA. del convenio de compensaciones con Farmaindustria
Asimismo, en otro orden de asuntos, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 220 millones de euros a las comunidades autónomas para digitalización, a través de “la mejora en la eficiencia en el gasto farmacéutico”, la renovación de equipos, las “historias clínicas interoperables” y la digitalización de unidades de cuidados intensivos (UCI).
