J.P.R.
La farmacia pide paso frente a uno de los mayores retos que ha dejado la pandemia: el abordaje de la salud mental. Un informe promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) concluye que la red de farmacias “constituye un sensor fundamental para la derivación a los servicios de atención primaria o especializada, así como para la optimización y uso responsable de medicamentos y la mejora de la adherencia terapéutica”.
El informe La salud mental en España ha sido elaborado por Instituto Salud Global Barcelona con la colaboración de las 15 instituciones que conforman el Consejo Asesor Social del Cgcof. El documento pone de manifiesto que el farmacéutico puede desempeñar un papel clave en la identificación de signos y síntomas, en promoción de la salud a través del consejo y de la educación, en la detección de situaciones de vulnerabilidad y en la implementación de las campañas de prevención.
“Hay 22.000 puntos de farmacia en todo el país. Dos de cada tres de esas farmacias están fuera de las capitales de provincia. Podría dar acceso a personas donde los recursos son menores”, ha explicado Ximena Goldberg, profesora de investigación del Instituto de Salud Global Barcelona, durante la presentación del documento.
La farmacia considera que puede jugar un papel clave en la detección de signos y síntomas de problemas de salud mental
El informe se ha presentado durante el primer Foro de su Consejo Asesor Social en un contexto marcado por la postpandemia donde las autoridades sanitarias han comenzado a poner el foco sobre la salud mental. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2019 casi 1.000 millones de personas estaban afectadas por algún tipo de trastorno mental y que, para 2030, éstos será la primera causa de pérdida de vida saludable. “Estos datos ponen de manifiesto la necesidad apremiante de actuar”, ha manifestado el presidente del Cgcof, Jesús Aguilar. durante la inauguración del acto. Aguilar había incidido también en el papel que pueden jugar los 55.000 farmacéuticos comunitarios de la red frente la salud mental.
El texto deja otras nueve conclusiones o recomendaciones. El primero de ellos es la incorporación de la salud mental a la atención primaria y comunitaria. El segundo hace referencia a una mayor colaboración entre agentes sanitarios como médicos, farmacéuticos, enfermeras y psicólogos, con agentes sociales como los ayuntamientos, las escuelas o las empresas.
El documento incide en la necesidad de incrementar la formación de los profesionales sanitarios vinculados a la salud mental con el objetivo de detectar enfermedades o personas en riesgos. Precisamente este es el principal obstáculo o cuello de botella para una identificación temprana. Goldberg destacó otros como “el estigma social que provoca una enfermedad mental, la falta de tiempo en la consulta para valorar a los profesionales, la escasa colaboración entre profesionales, la falta de apoyo institucional y económico y la variabilidad legislativa”.
Un 62,9% de los centros públicos cuenta con un servicio de psiquiatría y solo un 64%, con psicología y terapia ocupacional
El número de profesionales para el abordaje de estas patologías es insuficiente. Según el informe, un 62,9% de los centros públicos cuenta con un servicio de psiquiatría y solo un 64%, con psicología y terapia ocupacional. En cuanto a los centros privados, un 71,9% cuenta con equipo de psiquiatría, mientras que solo un 55% tiene psicología clínica y un 25% terapia ocupacional.
Otro de los gran problemas es la fala de equidad entre las comunidades autónomas. Esta desigualad se percibe además en el medio urbano y rural. “En zonas rurales es menor la prevalencia de problemas SM pero las prescripciones son más altas“, ha añadido Goldberg.
El texto insta también a poner el foco en las personas vulnerables, la incorporación de herramientas de ehealth, el establecimiento de planificacón anticipada y la creación de sistemas de evaluación sistemática y centralizada. En este último apartado, Goldberg ha reclamado una revisión sistemática de la Estrategia Nacional de Salud Mental y la incorporación a presupuestos de una partida específica en los presupuestos sanitarios. En este contexto, la profesora ha indicado que la salud mental supone alrededor del 4,24 del PIB, “pero el gasto real solo cubre el 10%”.
