Redacción
El gobierno de Baleares acaba de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios que pretende “garantizar la atención sanitaria y reducir las listas de espera“. La iniciativa contempla la regulación jurídica de zonas de difícil cobertura y la declaración de nuevas de muy difícil cobertura. También elimina el requisito del catalán para acceder a empleos con funciones sanitarias en el IBSalut.
El decreto elimina el requisito de conocimiento del catalán para acceder a los puestos de trabajo con funciones sanitarias del Servicio de Salud
“El Govern tiene como prioridad que la sanidad pública balear se ajuste a las necesidades reales de la ciudadanía, con profesionales cualificados y una atención sanitaria de calidad. Por eso, aumentar el personal sanitario es una tarea urgente para garantizar la atención y reducir las listas de espera“, ha manifestado la consellera de Salud, Manuela García.
Eliminación del requisito del catalán
El Govern balear ha anunciado que los procesos selectivos y de provisión de personal con funciones sanitarias permitirán el acceso de aquellos profesionales mejor cualificados, sin que la falta de la acreditación oficial de un determinado nivel de catalán se convierta en un elemento “disuasivo” a la hora de acceder.
García se ha comprometido, no obstante, a procurar que, una vez dentro del sistema, quienes no tengan un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorar en el conocimiento de esta lengua mediante cursos impulsados por la Administración para facilitar a los ciudadanos el derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales. Igualmente, los procedimientos de provisión de personal valorarán como mérito los distintos niveles de catalán.
Puestos de difícil cobertura
El decreto también establece un marco normativo y otorga seguridad jurídica a la definición de los puestos de difícil cobertura, unificando este concepto retributivo.
Se trata de una categoría profesional o especialidad cuya provisión se ve dificultada por razones de índole técnica o geográfica y el ejecutivo autonómica prevé crear un complemento retributivo que ayude a incrementar el atractivo de estos lugares (y zonas).
A partir de enero de 2024 el complemento de A1 para puestos de difícil cobertura llegará a 6.600 euros y a 4.800 euros el A2
En el IBSalut se consideran plazas y puestos de trabajo de difícil cobertura los ocupados por personal estatutario sanitario de las categorías A1 y A2, médicos y enfermeras, respectivamente, que trabajan en las áreas sanitarias de Menorca, Ibiza y Formentera.
Hasta ahora, quienes cubrían puestos de difícil cobertura del personal A1, percibían 4.800 euros repartidos en 12 meses; mientras, en el caso de persona A2 eran 250 euros mensuales.
Según ha informado la consejera, a partir de enero de 2024 “el complemento de A1 llegará a 6.600 euros y a 4.800 euros el A2”.
Puestos de muy difícil cobertura
Finalmente, el nuevo decreto determina que en aquellos supuestos en los que exista un déficit estructural en la provisión y concurra una necesidad urgente que impida garantizar la cartera de servicios del área de salud correspondiente, el Consell de Govern, a instancia del director general del IBSalut, podrá declarar nuevas plazas, zonas o funciones de muy difícil cobertura, teniendo en cuenta la insularidad como hecho diferenciador.
La resolución del Consell de Govern concretará las cuantías a percibir por estos profesionales, así como la duración de la medida. Las cantidades a percibir podrán alcanzar un incremento máximo del 300 por ciento por encima del complemento actual de los sitios calificados como de difícil cobertura.
Críticas de la oposición
La oposición, por su parte, se ha mostrado contraria a la decisión adoptada por el ejecutivo de Marga Prohens.
En concreto, la diputada del Partido Socialista balear, Patrícia Gómez, ha lamentado la eliminación del requisito de catalán en la sanidad pública asegurando que “nunca ha sido un problema para la contratación de profesionales”.
La exconsellera de Salud ha instado a pensar en los derechos de los ciudadanos para que se puedan dirigir a la administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales alegando que “fomentar el uso del catalán en las administraciones públicas enriquece la comunicación“.
