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Baleares expedientará a los sanitarios que se nieguen a atender en catalán

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..Redacción.
El Gobierno Balear abrirá un expediente a los profesionales sanitarios que se nieguen a atender a los pacientes en catalán. Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia, Mercedes Garrido, después de una reunión entre los socios del ejecutivo: PSOE, Més y Unidas Podemos.

Baleares expedientará a los sanitarios que se nieguen a atender en catalán

En este sentido, la consejería de Salud investigará mediante expedientes informativos todas las reclamaciones por discriminación lingüística que se notifiquen. Asimismo, se abrirán informes disciplinarios en caso de ser necesario.  Una medida que forma parte del paquete de «políticas proactivas» en las cuales se han comprometido a llevar a cabo los tres partidos.

Esta decisión ha sido tomada tras varias denuncias presentadas la semana pasada por pacientes a quienes se les negó la atención en catalán. Actualmente, la Oficina de Derechos Lingüísticos acumula unas 50 denuncias por casos similares, sin ninguna actuación por parte del Servicio de Salud Balear. De esta manera, los socios del ejecutivo han acordado fijar un protocolo conjunto entre la Oficina y el IB-Salut para evitar que las denuncias por discriminación lingüística queden en papel mojado.

Actualmente, la Oficina de Derechos Lingüísticos acumula unas 50 denuncias por casos de discriminación lingüística

Asimismo, durante la reunión se ha pactado que todos los carteles de los hospitales y los centros de salud estén rotulados en catalán el próximo 1 de octubre. Por otra parte, los partidos han decidido actuar preventivamente para fomentar el conocimiento y el uso del catalán en el sistema sanitario.

El ejecutivo ha tomado estas medidas después de que un usuario denunciara en las redes sociales que una médico del centro de salud de Son Pisà, en Palma, se había negado a atender a su madre, de 79 años, en catalán.

Més y Podemos se han mostrado satisfechos con el resultado de la reunión. El Gobierno de Francina Armengol recuperó la obligación de que el catalán sea un requisito para acceder a la función pública, si bien en el caso de los sanitarios, se les da dos años de plazo desde que consiguen la plaza para que acrediten el certificado de conocimiento del idioma.

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