Gema Maldonado
El pasado mes de abril, la esposa de Manuel tenía fecha y hora para someterse a una intervención para colocarle un stent en el hospital privado donde seguían su salud desde hace décadas. Pocos días antes, el médico responsable de la intervención les comunicó que ya no podría operarla. “Nos dijo que había dejado de trabajar para Generali, nuestra aseguradora, y que no podía atenderla”, explica en conversación telefónica Manuel, nombre ficticio de este jubilado que teme sufrir represalias de la aseguradora.
Pocos meses antes, los facultativos del cuadro médico de Generali recibieron una comunicación mediante correo electrónico informándoles de un cambio en sus condiciones. “Les ponían en conocimiento de que Generali y Sanitas habían llegado a un acuerdo por el que aquellos médicos con relación contractual con ambas compañías, pasaban a prestar servicios desde enero de 2023 en base a las condiciones contractuales de Sanitas que, entre otras cuestiones, implica que sus honorarios se abonarían según los baremos de Sanitas, que son sensiblemente inferiores a los de Generali. A los facultativos que solo formaban parte del cuadro médico de esta compañía se les resolvía el contrato directamente”, explica a iSanidad Alexis Godoy, uno de los abogados del Instituto de Representación IRElegal, que agrupa a una plataforma de médicos afectados por este acuerdo.
Alexis Godoy: “Mediante correo electrónico se comunicaba a los médicos el acuerdo entre ambas aseguradoras. Sus honorarios se abonarían según los baremos de Sanitas, que son sensiblemente inferiores”
Según cuenta Manuel, a comienzos de 2023, sin previo aviso de la compañía a la que lleva afiliado “más de 30 años”, los médicos que habitualmente le trataban a él y a su mujer empezaron a comunicarles que ya no les podían atender. A través de estos facultativos se enteraron de que Generali y Sanitas habían suscrito un acuerdo por el que los asegurados de la primera compañía pasaban a ser atendidos por los médicos y en las infraestructuras de Sanitas.
“Nuestro médico de familia nos dio un resumen de nuestra historia médica para que fuéramos a otro médico. Ahí nos quedamos perplejos. Fue la primera noticia que teníamos del cambio de condiciones“, explica. Con los nuevos baremos que marcan los honorarios de cada uno de los actos médicos, numerosos facultativos optaron por no aceptar las condiciones y marcharse. “Nos dicen que es inadmisible que les paguen entre un 20 y un 30% menos de lo que estaban cobrando. Son médicos de prestigio, para ellos era una especie de humillación, y nosotros, los pacientes, nos vemos en medio de esa pelea”, apunta Manuel, que además de afectado es portavoz de la plataforma de pacientes que ha formado con otros asegurados.
Sus continuas reclamaciones a las aseguradoras han dado fruto, aunque de forma temporal. “Por el momento nos dejan mantener nuestro médico hasta final de año, pero esa no es la solución”, señala. En total, son unos 150.000 los afiliados a Generali en España que pasan a ser gestionados por Sanitas.
Paciente afectado: “Nuestro médico de familia nos dio un resumen de nuestra historia médica para que fuéramos a otro médico. Ahí nos quedamos perplejos”
Ambas compañías lanzaron en octubre del año pasado un comunicado en el que explicaban que, desde el uno de enero de 2023, Generali incorporaba los centros médicos y hospitalarios de Sanitas a su oferta. Pero tanto médicos como pacientes afectados, no lo ven de esta forma. “Es una resolución absolutamente contraria a la ley; por un acuerdo de dos partes deciden resolver el acuerdo con un tercero sin que se le dé la oportunidad de pronunciarse. Estamos ante un fondo de comercio entre Generali-Sanitas y el médico que tiene su acuerdo para atender a sus pacientes no puede ver alterado su contrato por una decisión así”, afirma Juan Vaz, abogado del IRElegal.
“No es admisible ni para los miles de asegurados de Generali que cada día dejan de ser atendidos por sus médicos habituales ni para nuestros asociados con concierto con Sanitas que se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicándoles condiciones no acordadas, de forma contraria a la Ley, ya que les impide ejercitar sus derechos contractuales y limita su libertad”, opina a través de un comunicado Luis Mendicuti, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). La patronal denuncia la “imposición unilateral” a los centros sanitarios de un “recorte de tarifas” de hasta el 20%. “Las aseguradoras más grandes como Sanitas suelen imponer condiciones más leoninas que compañías más pequeñas como Generali”, apunta Alexis Godoy.
Juan Vaz: “Es una resolución absolutamente contraria a la ley; por un acuerdo de dos partes deciden resolver el acuerdo con un tercero sin que se le dé la oportunidad de pronunciarse.”
Para Manuel y el colectivo de afectados que representa, supone “obligar a los afiliados de Generali a ir a los médicos y hospitales de Sanitas, pero el contrato que hicimos era de libre elección de médico y hospital, una condición que ha cambiado y que, por tanto, incumple ese contrato”, afirma.
A esto se une la edad de muchos de estos afiliados, “la mayoría estamos jubilados”, puntualiza. Fuera de la seguridad social, la edad es un hándicap. “Es imposible que nos acepten en otro seguro, estamos cautivos y no tenemos ninguna opción de cambio”, lamenta, mientras recuerda que anualmente abonan “casi 5.000 euros” entre su mujer y él a Generali. Un tercer problema para la plataforma de pacientes afectados es el “coste emocional”. “A partir de una edad, tienes una relación de confiaza con el médico y en el momento en que se quiebra, es muy duro para las personas mayores”, reflexiona.
Desde ASPE consideran una “imposición unilateral” de las aseguradoras un “recorte de tarifas” de hasta el 20% a centros sanitarios y médicos
Medidas legales
La plataforma de médicos de libre ejercicio afectados por este acuerdo entre aseguradoras, que agrupa a unos 300 médicos, ya ha empezado a tomar medidas legales. “Hemos presentado un escrito ante los juzgados de primera instancia para que se dicte una sentencia declarativa de nulidad del acuerdo entre las compañías. Cuando eso ocurra, tendrán lugar las reclamaciones de honorarios que corresponda”, afirma Alexis Godoy, “estamos intentando provocar que las compañías tomen conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer”.
Por su parte, ASPE ha interpuesto una denuncia ante la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha presentado diligencias preliminares previas a la demanda en los juzgados de lo Mercantil de Madrid.
La plataforma de médicos de libre ejercicio afectados por el acuerdo entre ambas aseguradoras, que agrupa a unos 300 médicos, y ASPE han iniciado procedimientos legales
Según la patronal de la sanidad privada, el acuerdo de Sanitas y Generali vulnera la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, ya que produce un “falseamiento de la libre competencia por actos desleales por imponer unilateralmente la aplicación de unas condiciones econónimicas para los asegurados de Generali distintas de las pactadas” y “elimina la competencia entre ambas compañías y limita la libertad de actuación de los hospitales”.
El Colegio de Médicos de Madrid también emitió un comunicado el pasado mes de julio recogiendo las quejas de los pacientes y de los los médicos que habían sido expulsados del cuadro médico de Generali o que habían visto sus baremos reducidos, además de no poder seguir asistiendo a sus pacientes. “Están precupados por ellos” apunta Godoy, “los médicos son muy sensibles a sus pacientes y si les privas de la relación médico-paciente, les estás quitando también algo que han construido a lo largo de mucho tiempo”, concluye el abogado.
