Victoria Guillén
La desaparición del sistema de mutualismo comprometería gravemente la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. De hecho, un informe elaborado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid alerta de que su eliminación generaría un incremento considerable de las demandas de los pacientes, elevando un 266% las listas de espera para consultas externas y un 115% las quirúrgicas.
“Los mutualistas no son los únicos que se muestran ocupados por la situación actual. La falta de financiación podría acabar con un modelo que actualmente ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año”, ha destacado Herminia Rodríguez, vicepresidenta de ASPE.
El informe “El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas de su modelo sanitario y escenarios futuros”, impulsado por Alianza de la Sanidad Española Privada (ASPE), se centra en Muface y comprende un estudio estadístico completo, a partir de los datos correspondientes a 2022.
Así, la desaparición de este modelo supondría un aumento del gato sanitario público de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber al tener que absorber a todos los mutualistas, teniendo en cuenta la diferencia que existente actualmente entre la prima de Muface (1.40 euros por mutualista de promedio) y el gasto sanitario total (1.608 euros por ciudadano), y el número actual de mutualistas que se decantan por la sanidad privada, casi un 73%.
La desaparición del mutualismo supondría un aumento del gasto sanitario público de más de 1.000 millones de euros
Otra de las consecuencias es el impacto económico de más de 1.700 millones en los ingresos de las compañías aseguradoras (DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas) que afectaría, a su vez, al sector hospitalario privado, registrando una disminución de 1.000 millones de euros, un 8% de sus ingresos. En este sentido, un total de 19 provincias tendrían un serio riesgo de cierre de centros, la mayor parte en Castilla La Mancha, Extremadura y Castilla y León.
A nivel de infraestructuras, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales, lo que supondría un 3,8% adicional a la capacidad actual a nivel nacional, algo muy complejo para algunas comunidades como Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Cádiz, Málaga, Murcia, Alicante, A Coruña, Zaragoza y Granada.
Asimismo, generaría un impacto muy significativo en el incremento de la demanda de atención primaria, ya que actualmente los mutualistas que han elegido la sanidad privada están recibiendo este servicio a través de las Urgencias de los hospitales privados y de las consultas de los médicos de atención especializada. Por otra parte, y dada la falta de flexibilidad del sistema público de salud, su respuesta inmediata podría ir encaminada al aumento de los conciertos para paliar el enorme impacto de la entrada de mutualista en las listas de espera, con el correspondiente incremento de costes que supondría.
En paralelo, se haría necesario incrementar y adaptar las infraestructuras públicas actuales, lo cual no podría ejecutarse en un corto plazo. “Esta situación conllevaría también la necesidad de contratar un volumen importante de profesionales sanitarios, lo que aumentaría el problema actual de falta de profesionales en algunas especialidades”, ha advertido Sonia Juárez, profesora del Departamento de Organización de Empresas de UCM.
Los mutualistas precisarían cerca de 4.000 camas públicas adicionales
En definitiva, la principal consecuencia para los mutualistas sería el empeoramiento de su accesibilidad a la asistencia sanitaria, ya que pasarían a ser atendidos por al Sistema Público, el cual cuenta con unas listas de espera muy superiores a los tiempos de espera de la sanidad privada. “Con la eliminación del modelo del mutualismo administrativo, los mutualistas perderían la posibilidad de elección que cada año tienen entre la sanidad pública y la privada, hecho que afectaría a un grupo de ciudadanos con amplia influencia social y política y, con un fuerte impacto en la opinión pública de cada población”, indica el informe.
“El principal impacto que tendrían los ciudadanos no mutualistas sería la pérdida de accesibilidad a la asistencia sanitaria pública, al verse incrementadas de forma significativa las listas de espera”, concluye.
