Redacción
La Comunidad de Madrid ha reunido este lunes a un centenar de psicólogos en la jornada 20 años después de los atentados terroristas del 11 de marzo ¿Qué hemos aprendido sobre su impacto y atención psicológica? A la mesa se han sentado profesionales para analizar las múltiples lecciones asimiladas en cuanto al impacto, las consecuencias psicopatológicas y la intervención de emergencia en un caso de tanto impacto emocional.
Madrid fue una de las primeras comunidades autónomas en aprobar una Ley de Víctimas en 1996
La viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín García-Matos, ha agradecido la labor que realiza este colegio profesional y ha destacado “el compromiso absoluto e incondicional del Gobierno regional con las víctimas que han sufrido un atentado terrorista. Está fuera de toda duda la firmeza de este Ejecutivo en el apoyo a todas ellas, con todos los damnificados, sus familiares y las asociaciones y fundaciones que representan sus intereses”, ha subrayado García-Matos en el acto celebrado en la sede del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Madrid fue una de las primeras comunidades autónomas en aprobar una Ley de
Víctimas, en 1996, posteriormente modificada en 2019 para extender su ámbito
de aplicación, con la incorporación de nuevas ayudas y medidas, así como el
reconocimiento público de la labor de las asociaciones, fundaciones, entidades e
instituciones de representación y defensa de sus intereses.
La Comunidad de Madrid destinará 15 millones de euros en indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos a víctimas del terrorismo
Solo este año, la Comunidad de Madrid destinará 15 millones de euros en indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos a víctimas del
terrorismo, cantidad que multiplica por tres los 5 millones de euros del ejercicio
anterior. Además de las prestaciones económicas, el Ejecutivo autonómico dedica
anualmente 300.000 euros para subvencionar a entidades sin ánimo de lucro,
incluidas en el registro regional o estatal, cuyo objeto es la representación y
defensa de los intereses de los afectados, así como a sus familias o personas con
quienes conviven.
