Redacción
Las personas mayores siguen enfrentándose a diversos retos para acceder a servicios sanitarios y de atención que deberían ser asequibles, adecuados y de calidad. De hecho, la discriminación por edad en la salud es un asunto pendiente de resolver, según muestra el informe El trato de las personas mayores en las instituciones, elaborado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la consultora Fresno Consulting.
Así, el informe señala que “existen numerosos instrumentos internacionales y regionales en relación con el derecho a la salud, y también existen los derechos del paciente, y la humanización de la salud, pero hay que avanzar aún más en una real sanidad universal”. Por eso es necesario adoptar un enfoque multisectorial centrado en la persona que integre los valores fundamentales del respeto a la dignidad, la libertad, la participación y la autonomía, al tiempo que ofrezca salvaguardas específicas cuando sea necesario.
En el 95,5% de 422 estudios revisados por Chang et al (2020) sobre edadismo y salud, el edadismo predijo unos resultados sanitarios significativamente peores en las personas y afectó a la salud. Diversos estudios revisados por el autor mostraron indicios de edadismo: por ejemplo, las personas mayores quedaban excluidas (por la edad) de los ensayos en cardiología, medicina interna, nefrología, neurología, medicina preventiva, psiquiatría, reumatología, oncología y urología. Se descubrió que las personas mayores con menor nivel educativo tenían más probabilidades de sufrir discriminación por motivos de edad con efectos adversos sobre la salud, y ser objeto de una excesiva y dañina sobremedicación.
Las personas mayores quedaban excluidas de los ensayos en cardiología, medicina interna, nefrología, neurología, medicina preventiva, psiquiatría, reumatología, oncología y urología
En el caso de España, la desigualdad territorial en los recursos sanitarios produce un difícil acceso de muchas personas a los tratamientos que requerirían, tanto preventivos como paliativos. En muchos lugares, hay insuficientes centros de salud u hospitales y menos atención especializada de la necesaria en un mundo cada vez más envejecido. Por ejemplo, pocos hospitales con servicios de geriatría. El principio constitucional de igualdad de acceso a los servicios de salud parece no estar siempre garantizado
Las conclusiones del informe revelan la percepción que tienen las personas mayores del trato que reciben por parte de instituciones públicas y empresas a la hora de acceder a sus servicios. En concreto, una de cada tres personas mayores declara recibir un trato muy malo, malo o regular de las administraciones pública. Además, el informe identifica aquellas situaciones y servicios en los que con más frecuencia las personas mayores reciben un trato inadecuado y en los que se producen situaciones de discriminación; además de recoger las principales demandas de la población mayor para mejorar el trato institucional que reciben y realizar propuestas de mejora.
Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública del Gobierno de España,ha calificado muy positivamente el enfoque de la investigación, ya que su “hilo conductor es el de una Administración garante de los derechos fundamentales”.
En España, la desigualdad territorial en los recursos sanitarios produce un difícil acceso de muchas personas a tratamientos tanto preventivos como paliativos
En este sentido, puso en valor la actual colaboración con la PMP a través del convenio suscrito para remover trabas administrativas y burocráticas en aquellos trámites más habituales de las personas mayores con la Administración Pública, su participación activa a la hora de dar traslado de las necesidades del grupo social heterogéneo al que representa y anunció, asimismo, que desde su departamento ya se está trabajando en un “decálogo de atención” para mejorar la atención que se brinda a las personas mayores en la prestación del servicio público, también contando con la participación de la Plataforma y siempre desde el prisma del “Gobierno Abierto”, como una política palanca de transformación de la Administración, que sitúe las necesidades de la ciudadanía en el centro.
Para Maite Pozo, coordinadora de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en España del Imserso, las conclusiones y propuestas del estudio “van a ser de una enorme utilidad para las instituciones de las que habla, así como para muchos municipios”. Asimismo, ha reseñado que el edadismo es otro “hilo conductor” del informe, ya que muchas veces está detrás del trato inadecuado hacia las personas mayores. Ha considerado de especial relevancia la diferenciación clara entre el edadismo y la discriminación por edad, coincidente con el planteamiento de la OMS, dado que puede haber una consideración de un buen trato institucional que, sin embargo, siga albergando discriminación por edad en el acceso a los servicios.
