El decreto balear regula la atención extrahospitalaria de ciudadanos comunitarios y británicos desplazados temporalmente a las Islas con la gestión compartida de la sanidad privada. El sector privado ha celebrado esta decisión que “reconoce la importancia y pertinencia de aprovechar los recursos proporcionados por el sector privado para satisfacer las necesidades del sistema público de salud” ha señalado el presidente de ASPE, Carlos Rus.
Los ciudadanos de las Islas podrán beneficiarse de una mayor accesibilidad médica gracias a la descongestión de los servicios públicos
Rus ha calificado de “inteligente” la medida, ya que esta gestión “eficaz y colaborativa” conseguirá ofrecer mejor asistencia a todos los pacientes, tanto a los extranjeros desplazados, como a los ciudadanos de las Islas, quienes podrán “beneficiarse de una mayor accesibilidad” a los servicios públicos. En esta línea, el presidente de ASPE confia en que iniciativas como esta “sirvan de ejemplo a otras CCAA como modelo de colaboración eficiente”.
Este decreto ley también establece la creación de una Red de Centros y Servicios de Apoyo. Estos que ofrecerán asistencia urgente a quienes estén de manera temporal en las Islas y dispongan de tarjeta sanitaria europea en vigor. Las asistencias comprenden primeros traslados, traslados secundarios desde los centros públicos y turistas que acuden por medios propios tras indicación del servicio de emergencias 061.
Aparte de esta habilitación genérica, el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) también podrá habilitar de forma expresa y específica determinados centros y servicios sanitarios privados para ofrecer atención en procesos de especial relevancia, como el código ictus, el código infarto y la atención al trauma grave, en el marco de la atención sanitaria a ciudadanos comunitarios y británicos.
El Servicio de Salud de Baleares deberá asumir el 35% de los costos para llevar a cabo las tareas de gestión
Estos servicios serán financiados según las tarifas públicas establecidas en cada momento y aplicables en los centros de la red sanitaria pública. La financiación de la atención a pacientes extranjeros comunitarios o temporales del Reino Unido estará restringida al equivalente al 65% de las tarifas públicas vigentes en ese momento, en base a los servicios efectivamente prestados, tras las debidas revisiones y verificaciones por parte del Servicio de Salud. El restante 35% corresponderá a los costos que el IbSalut deberá asumir para llevar a cabo las tareas de gestión relacionadas con esta actividad.
