Redacción
Los consejeros de Sanidad de las 13 comunidades autónomas gobernadas por el PP han exigido este jueves la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial Extraordinario para abordar de manera monográfica la necesidad de cubrir la falta de profesionales sanitarios de atención primaria para este verano y, por otro lado, han pedido la reprobación de la ministra de Sanidad, Mónica García, por “comportarse como una activista”, informa Europa Press.
Los consejeros quieren abordar en el Interterritorial extraordinario la necesidad de cubrir la falta de sanitarios de atención primaria este verano
Ante la falta de profesionales sanitarios para cubrir las vacaciones de verano, recuerdan que se trata de “un asunto que es de entera competencia del Ministerio y al que no ha dado respuesta Mónica García a pesar de los continuos requerimientos de las CCAA”.
Los consejeros de Sanidad de gobiernos del PP se reunieron este miércoles por la tarde con la vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Ester Muñoz. En ese encuentro, se acordó la necesidad de pedir a la ministra de Sanidad la celebración de ese Consejo Interterritorial extraordinario.
Además, han firmado un escrito en el que se reprueba la actitud de Mónica García y le piden que deje de “comportarse como una activista” y trabaje para representar a todos los españoles en lugar de salir con una pancarta a manifestarse contra la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Los consejeros de Sanidad del PP piden en una carta a Mónica García que “abandone las posturas sectarias impropias de una ministra”
Los consejeros de Sanidad del PP piden en esa carta a Mónica García que “abandone las posturas sectarias impropias de una ministra que lo que tendría que hacer es trabajar para mejorar la situación del Sistema Nacional de Salud”.
“Consideramos que Mónica García debería centrarse en problemas que tiene su Ministerio como el que afecta a la atención primaria o a las plazas MIR“, señalan en la misiva, donde también solicitan aborde las acciones que son de su competencia para que, en todo el territorio nacional, incluido aquellos donde la gestión sanitaria le corresponde como las ciudades autónomas o la sanidad penitenciaria, “se disponga de médicos de familia en un número suficiente para abordar las jubilaciones o las ausencias prolongadas”.