Redacción
El Consejo General de Dentistas ha presentado recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 366/2024 mediante el que se produce el traspaso de competencias en materia de homologación de títulos universitarios al País Vasco, entre los que se encuentra el de dentista. En el recurso, que ha sido admitido ya a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se ha solicitado la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión inmediata del Real Decreto impugnado.
“El Consejo de Ministros aprobó estas transferencias el pasado 9 de abril, a pesar de que la homologación de títulos es una competencia atribuida constitucionalmente al Estado y, por tanto, supondría un grave problema de equidad que cualquier comunidad autónoma contase con su propio sistema de homologación“, señalan desde el Consejo General de Dentistas.
Tal y como se establece en la Constitución y en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, la competencia es del Estado, con la preceptiva participación de los Consejos Generales, a través de la emisión de informes a las solicitudes de homologación de títulos extranjeros. “Por tanto, además de la posible falta de competencia autonómica, el traspaso al País Vasco de esta competencia supondría un incumplimiento de este reconocimiento expreso a los Consejos Generales“, indican.
El Consejo Genral de Dentistas lamenta que la transferencia al País Vasco de las competencias para homologar títulos pondría en peligro el principio de equidad y provocaría un efecto contagio en otras comunidades autónomas
El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, asegura que “el hecho de que una comunidad autónoma tenga la competencia para homologar títulos podría poner en peligro el principio de equidad, pues habría territorios con acceso estricto y otros con acceso más flexible a la homologación de títulos, según las condiciones que cada región establezca”. Asimismo, afirma que delegar esta competencia a una comunidad autónoma provocaría un “efecto contagio” en otras regiones que, “en caso de enfrentarse a la misma escasez de profesionales, pedirían la misma solución, ignorando la normativa estatal actual”.
