Fátima Del Reino
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han manifestado su “total rechazo” ante las recientes declaraciones de la organización colegial enfermera y han mostrado su apoyo a las organizaciones del Foro de la Profesión Médica que impugnen o recurran toda invasión de competencias médicas en relación con la llamada dispensación enfermera.
En concreto, la Confederación se refiere a las últimas declaraciones del presidente del Consejo General de Enfermería, en las que se advertía con acciones con acciones judiciales hacia “representantes de organizaciones y sindicatos médicos” si se realizaban “insinuaciones y manifestaciones en las que se afirme que la prescripción de medicamentos por parte de las enfermeras supone un riesgo para el paciente”.
Ambas organizaciones sindicales han asegurado que estas “amenazas” no tendrán un efecto intimidatorio
En respuesta, ambas organizaciones sindicales han asegurado que estas “amenazas” no tendrán un efecto intimidatorio, argumentando que no merece respeto quien amenaza a los representantes médicos mientras se incumple la normativa que regula la dispensación enfermera. También CESM y SMA señalan que en un solo comunicado se ha usurpado hasta nueve veces la exclusiva competencia de médicos, odontólogos y podólogos en la prescripción de medicamentos.
Además, destacan el uso indebido del término “prescripción” en lugar de “dispensación“, como se recoge en las guías en cuestión, ya que, según ellos, esta atribución de competencias es inadecuada, dado que la formación y conocimientos necesarios corresponden a los médicos.
CESM y SMA señalan que en un solo comunicado se ha usurpado hasta nueve veces la exclusiva competencia de médicos, odontólogos y podólogos en la prescripción de medicamentos
El Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros. Este decreto, en su preámbulo, recuerda que tanto la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de medicamentos como el actual Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, establecen que los médicos, odontólogos y podólogos son los únicos profesionales autorizados para prescribir medicamentos sujetos a receta médica.
Frente a lo que describen como una campaña continuada por parte del colectivo enfermero para arrogarse competencias que no les corresponden, CESM y SMA denuncian que esto no sólo implica la apropiación de una competencia exclusiva de médicos, odontólogos y podólogos, sino que también parece tener como objetivo crear mayor enfrentamiento entre los profesionales, utilizando amenazas de acciones judiciales si se defiende el respeto a la legalidad y se advierte del riesgo que podría suponer un uso indebido de estas competencias para la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.
CESM y SMA han manifestado que seguirán denunciando todas aquellas guías que atribuyan competencias médicas a colectivos no capacitados para desempeñarlas
Pese a estas amenazas, CESM y SMA han manifestado que seguirán denunciando todas aquellas guías que atribuyan competencias médicas a colectivos no capacitados para desempeñarlas, y brindarán su apoyo a las instituciones del Foro de la Profesión Médica, como el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), que impugnen dichas invasiones de competencias. Asimismo, han subrayado que, en su labor de defensa de las condiciones laborales de los profesionales, se verán obligados a denunciar a cualquier profesional, independientemente de su categoría, que realice actividades propias del médico.
Esta postura, según CESM y SMA, responde exclusivamente a la responsabilidad de los médicos en dos competencias exclusivas: el diagnóstico y el tratamiento. Tal como ha señalado el presidente del Cgcom, los sindicatos médicos consideran que es su deber, tanto ético como profesional, velar por la seguridad del paciente y asegurar que todas las decisiones clínicas se tomen dentro de los parámetros legales y científicos establecidos. Por ello, reiteran que continuarán denunciando y exponiendo ante la sociedad los riesgos para la calidad asistencial que supone la invasión de competencias médicas por parte de colectivos que no están capacitados ni cualificados para ejercerlas.