J. L. G.
Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (Achpm) y de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEIM, aborda con iSanidad la incertidumbre que atraviesa el modelo Muface ante la falta de un nuevo acuerdo de licitación. Bustamante destaca las implicaciones de una posible prórroga del actual concierto, señalando de qué manera podría afectar negativamente tanto a los centros privados como a los profesionales sanitarios. Además, expone alternativas para garantizar la sostenibilidad del modelo, con especial énfasis en el cuidado del talento y la calidad asistencial.
¿Cómo valoran desde la ACHPM la actual situación que vive el modelo Muface, tras quedar desierta la licitación del bienio 2025-2026?
La falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras que gestionan Muface ha generado una incertidumbre lógica. Por un lado, el millón y medio de funcionarios y sus familias, que reciben atención sanitaria a través de este modelo, están expectantes. No saben si podrán mantener sus consultas y especialistas en centros privados. Desconocen si permanecerá la asistencia que han recibido hasta ahora. Por otro lado, los usuarios de la sanidad pública ven cómo ésta podría enfrentarse a una situación difícil si se tuviera que absorber de golpe a esta población. Por tanto, es urgente que ambas partes pongan todo su empeño para alcanzar una solución rápida que evite males mayores, solución que debe de pasar por la ponderación lógica del coste/servicio que se presta.
“Es urgente que ambas partes pongan todo su empeño para alcanzar una solución rápida que evite males mayores”
El Gobierno trabaja en una licitación exprés en la que mejorará las condiciones económicas. ¿Qué mínimos considera que deberían establecerse para satisfacer las necesidades que demandan aseguradoras y centros y profesionales sanitarios?
Las cifras las deben señalar las aseguradoras, que son las entidades que están negociando con el Gobierno y que gestionan este modelo. Sin embargo, desde la Achpm, que agrupa a los hospitales privados en Madrid (los que dan servicio a los funcionarios acogidos al modelo Muface en esta Comunidad, que también es una de las que cuenta con más empleados públicos), podemos decir que actualmente la aportación es insuficiente. Lo que llega al profesional sanitario que está atendiendo las consultas e intervenciones de estos pacientes es muy poco. Está muy por debajo de lo que pueden ganar atendiendo a otros pacientes. Esto cada vez pone más difícil retener el talento.
En este sentido, ya hay voces, como la del presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que han hablado de un posible cambio de sistema como solución. El llamado ‘Muface directo’, con el que la mutualidad pagaría directamente a hospitales y profesionales de la sanidad privada, sin la intermediación de las aseguradoras. Sería una vía para mantener la asistencia a los funcionarios.
“Con el ‘Muface directo’ la mutualidad pagaría directamente a hospitales y profesionales de la sanidad privada”
Desde el punto de vista del sector sanitario privado, ¿cuáles son las líneas rojas que establecen para poder ofrecer y garantizar la calidad asistencial a los mutualistas?
Lo principal es cuidar al profesional sanitario. Nuestros médicos especialistas, enfermeros, etc. tienen un alto nivel de excelencia que se debe reconocer. Les tiene que merecer la pena trabajar para Muface. Esto es lo principal para dar garantías de que los funcionarios, como siempre, van a ser atendidos con la calidad esperada. Desde la Achpm firmamos el año pasado un acuerdo con los principales sindicatos para renovar el convenio y dar estabilidad al sector sanitario privado en Madrid durante cuatro años. Además, hemos seguido alcanzando acuerdos este año sobre asuntos como la acumulación de la subida salarial, por lo que la dignidad de los profesionales sanitarios debería estar entre las prioridades a tener en cuenta en esta cuestión. Al final, es lo que asegura el bienestar del paciente.
¿Qué responden a la posibilidad de que el concierto actual se prorrogue por nueve meses más si no se alcanza un acuerdo? ¿Cómo repercutiría esto en los centros hospitalarios y los profesionales que ejercen en la privada?
Lo deseable es alcanzar un acuerdo sólido y duradero. Lo contrario sería un parche, que no solucionaría el problema de fondo. En efecto, esto repercutiría en los centros privados y, sobre todo, en los profesionales sanitarios que ejercen en estos centros, que se verían sobrecargados y saturados sin una compensación adecuada. También afectaría a los pacientes, que siempre han estado atendidos tanto por los profesionales como por los hospitales privados de forma impecable. Todo ello generaría una serie de inquietudes que repercutiría de forma negativa en la salud.
“Un parche no solucionaría el problema de fondo”
Más allá de la actual situación, ¿qué aspectos se deberían mejorar del modelo Muface para garantizar su sostenibilidad y, además, que repercuta en mayor medida en los centros y profesionales?
Hay varias fórmulas que se están proponiendo y se deben estudiar detenidamente las opciones, con la atención al paciente como principal objetivo. La alternativa de ‘Muface directo’ o la gestión directa del modelo conllevaría que el Estado asumiera la compensación directa a profesionales y hospitales y clínicas. Así, la intermediación de las aseguradoras no sería necesaria. De este modo, los médicos u otros profesionales sanitarios autónomos podrían contar con una retribución estable. A la vez, los empleados públicos podrían mantener la libertad de elección entre sanidad pública y privada, que ha estado siempre aparejada a la condición de funcionario. En cuanto a los centros privados, nos permitiría continuar atendiendo, como hasta ahora, a todos nuestros pacientes con la mayor calidad y estabilidad.
¿Han cifrado los gastos en los que incurriría el sector privado si finalmente no se llega a un acuerdo con Muface? ¿Cómo afectaría el fin de este sistema a los centros hospitalarios?
1,5 millones de funcionarios dejarían de tener asistencia a través de Muface. La atención sanitaria es un derecho, por lo que no implica que vayan a dejar de ser atendidos. Irían a parar directamente al Sistema Nacional de Salud, que se saturaría.
De acuerdo con datos publicados por el Círculo de la Sanidad, se estima que este colectivo de funcionarios y beneficiarios generaría anualmente unas 120.000 intervenciones quirúrgicas, 8,5 millones de consultas de atención primaria y dos millones de interconsultas derivadas especialistas. Todo ello saturaría a los gobiernos autonómicos, responsables de gestionar una sanidad pública ya muy sobrecargada. En paralelo, esto tendría repercusiones económicas en la sanidad privada. No obstante, la sanidad privada, especialmente en Madrid, podría tratar de paliar esta situación a través de conciertos con la Consejería de Sanidad.
