Redacción
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha anunciado que, a partir de 2025, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) eximirá a médicos especialistas y profesionales de enfermería no comunitarios del requisito de nacionalidad establecido por la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Esta medida extraordinaria responde a la creciente dificultad para cubrir plazas asistenciales debido a la falta de personal sanitario, especialmente en áreas rurales y puestos de difícil cobertura.
Desde 2018, el SAS ha contratado a más de 4.300 profesionales no comunitarios, incluidos médicos especialistas y personal de enfermería, según recoge Europa Press. Además, según los datos proporcionados por el Gobierno andaluz, las contrataciones de médicos especialistas no comunitarios han aumentado de manera constante. En 2018 se realizaron 65 contratos, cifra que creció hasta alcanzar los 1.154 en 2023. En el caso del personal de enfermería, aunque las cifras son más modestas, también reflejan un incremento progresivo. Se pasó de 4 contratos en 2018 a 37 en 2023. En los primeros siete meses de 2024 ya se han registrado 827 contrataciones de médicos especialistas y 9 de personal de enfermería no comunitario.
En los primeros siete meses de 2024 ya se han registrado 827 contrataciones de médicos especialistas
Pese al esfuerzo del SAS por ampliar el número de contrataciones, las cifras reflejan una necesidad creciente de personal, especialmente en medicina y enfermería. En los últimos años, el Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha diversas iniciativas para mitigar esta situación, como el incremento en las ofertas de empleo público, la estabilización de personal interino, los programas de captación dirigidos a residentes que finalizan su formación especializada o los incentivos económicos para cubrir plazas en zonas rurales. Sin embargo, estas medidas han resultado insuficientes para cubrir la totalidad de las plazas necesarias.
La Junta de Andalucía ha identificado varias causas que explican esta situación. Entre ellas destacan la falta de atractivo de algunas plazas, especialmente en zonas rurales, y el envejecimiento de la plantilla, lo que ha provocado un aumento de jubilaciones. Además, el desajuste en el sistema de formación ha dificultado la incorporación de un número suficiente de nuevos profesionales que permita asegurar el relevo generacional en categorías clave.
El gobierno andaluz justifica esta medida excepcional por razones de interés general, señalando que garantizar la cobertura asistencial en el sistema sanitario público es esencial para ofrecer una atención de calidad a la población. La exención del requisito de nacionalidad estará condicionada a una cláusula resolutoria, lo que implica que el contrato de los profesionales no comunitarios podrá finalizar si se encuentra personal cualificado que cumpla con los requisitos legales.
La medida pone de relieve las dificultades de los sistemas de salud autonómicos para captar y retener talento, reflejando la urgencia de adoptar políticas estructurales que aseguren la sostenibilidad del sistema sanitario a largo plazo. Aunque el objetivo inmediato es paliar la falta de personal, la Junta reconoce que la solución definitiva pasa por una reforma integral del sistema de formación y planificación sanitaria.
