Redacción
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha pospuesto al 10 de abril el juicio sobre la demanda colectiva interpuesta por sindicatos de la Sanidad Pública madrileña contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Fuentes de la representación legal de los sindicatos demandantes, Amyts-SAE-SIETeSS, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF y de la plataforma APSeMueve, han apuntado a Europa Press que existe un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid para comunicar a los sindicatos la próxima semana la fecha en la que convocará al Comité de Seguridad y Salud. En el caso de que estas reuniones lleguen a buen puerto hasta la fecha fijada del juicio, han indicado, se verá si se mantiene la petición de la demanda.
En concreto, en la demanda colectiva se pide una indemnización de cinco millones de euros, más 100.000 euros por cada día de retraso en su cumplimiento, por vulneración de derechos fundamentales al carecer de este plan.
Existe un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid para comunicar a los sindicatos la próxima semana la fecha en la que convocará al Comité de Seguridad y Salud
En su escrito, la representación legal de los sindicatos y la plataforma APSeMueve aluden a la «desprotección» a los 15.000 profesionales de atención primaria (AP) derivada de la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con incumplimiento «grave y reiterado» de la ley de 1995 que le obliga a ello.
Según se apuntó en una rueda de prensa para presentar esta medida, se han logrado más de un centenar de sentencias condenatorias por distintas vías judiciales y distintas cuantías indemnizatorias contra la administración que les dan la razón en este asunto desde que se comenzaron a pleitear.
En el caso de que las reuniones del Comité de Seguridad y Salud lleguen a buen puerto hasta el mes de abril, los sindicatos decidirán si mantienen la petición de la demanda
Entre ellas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó criterio en el caso de un médico, al que reconoció una indemnización de 8.000 euros. Según concluyó el alto tribunal, «la omisión de la prevención de la salud» del personal sanitario «no es cualquier infracción», sino que se trata de un «incumplimiento muy grave» y puede suponer una vulneración del derecho fundamental a la integridad física.
En base a esta cantidad máxima de 8.000 euros, si los entre 15.000 y 16.000 profesionales de atención primaria presentaran demandas individuales, la indemnización que tendría que afrontar la administración estaría entre 120 y 180 millones de euros. De momento, según los equipos jurídicos de estos colectivos, hay más de un millar de reclamaciones en curso.
