Juan Pablo Ramírez. Director de iSanidad.
En apenas una semana, el ministro Óscar López parece haber dado solución a la crisis de Muface. A la espera de la publicación de los nuevos pliegos, las aseguradoras ven con buenos ojos la subida del 41,2% anunciada por el Ejecutivo. Nos encontramos a las puertas por fin de un acuerdo después de cuatro meses de incertidumbre, dos licitaciones desiertas y un convenio vencido en la actualidad.
Al titular de la cartera de Transformación Digital y Función Pública no le ha quedado más remedio que atenerse a las exigencias de las aseguradoras. Desde el primer momento, las tres prestadoras, Adeslas, DKV y Asisa, habían mantenido que no aceptarían ningún convenio que no supusiera un incremento notable. Las dos primeras, cifrándolo del orden del 30% al 40%. Las licitaciones que proponían subidas del 17% y del 33,5% cayeron al vacío. En el camino, se han asumido demasiados riesgos. No podemos olvidar que a día de hoy, el convenio se encuentra vencido y prorrogado, aunque en funcionamiento no sabemos si por la buena voluntad de las aseguradoras o por la letra pequeña del contrato. Pero hasta que las compañías no den el sí definitivo nos encontramos en una situación anómala que no debería haberse producido.
Ahora que nos encontramos al final de esta crisis en Muface, la sensación que queda es la escasa capacidad de diálogo del ministro López con las aseguradoras, con los mutualistas y con sus colegas del Consejo de Ministros
Lo cierto es que se ha sumido en una enorme inseguridad a más de 1,5 millones de personas sin tener un plan B. El traspaso de un grupo de población tan amplio con unas listas de espera tan elevadas de consultas, pruebas de diagnóstico y cirugías podría haber provocado un enorme conflicto en los servicios de salud de las comunidades autónomas. A finales de año y principios de enero, fueron muchos los mutualistas que no tenían claro adónde acudir y sentían verdaderas dudas sobre el prestador de su asistencia sanitaria. Por esto, cuesta entender el triunfalismo del ministro recientemente en el Senado, cuando aseguró que el Gobierno había salvado el futuro de Muface. La realidad es que se ha puesto en juego el modelo y la salud de muchas personas que podrían haber sufrido el retraso de intervenciones o tratamientos crónicos. Es más, CSIF ha denunciado en reiteradas ocasiones que han recibido quejas de mutualistas en estas últimas semanas por deficiencias en la atención sanitaria.
Por si fuera poco, la situación ha dado pie a un nuevo choque en el seno del Gobierno de coalición. Tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el secretario de Estado, Javier Padilla, han pedido dejar morir las mutualidades saltándose todas las competencias de su Ministerio. La ministra ha llegado a calificar el acuerdo como decepcionante. Es entendible que puedan existir diferencias dentro de un Gobierno. Las hemos visto, incluido dentro de ejecutivos monocolor, pero deben quedar dentro del Consejo de Ministros en cuestiones tan sensibles. La confusión que pueden generar declaraciones de este tipo deberían evitarse, sobre todo, cuando estamos hablando de la salud de las personas.
Ahora que nos encontramos al final de esta crisis en Muface, la sensación que queda es la escasa capacidad de diálogo durante estos cuatro meses del ministro López con las aseguradoras, con los mutualistas y con sus colegas del Consejo de Ministros.
