Redacción
La proposición de ley impulsada por el Partido Popular (PP) a raíz de la reciente agresión a un enfermero en A Coruña, que pretendía establecer un marco normativo específico para proteger a los profesionales sanitarios, no ha pasado el primer trámite legislativo en el Congreso de los Diputados y, por tanto, se queda en nada.
El Pleno del Parlamento rechazó este martes la toma en consideración de este texto, que solo ha recibido el apoyo de populares y de Unión del Pueblo Navarro (UPN). La diputada del PP Elvira Velasco ha defendido una iniciativa que planteaba la implementación de medidas mínimas que los empleadores, tanto públicos como privados, deben aplicar en los centros de trabajo para garantizar la seguridad y salud del personal sanitario.
También proponía la instalación de sistemas de videovigilancia en pasillos y salas de espera, alarmas en consultas y la creación de un registro nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario gestionado por el Ministerio de Sanidad.
Si desde UPN su diputado Alberto Catalán defendía que esta proposición de ley es necesaria ante medidas impulsadas en los últimos años que “no han sido suficientes” para paliar la violencia en el ámbito sanitario, el resto de grupos han mostrado sus discrepancias ya sea con el fondo del texto o atacando directamente a las políticas llevadas a cabo en anteriores gobiernos del PP.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG), Podemos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sumar, Vox y PSOE han salido en tromba contra la proposición.
Las críticas de la mayoría del arco parlamentario se han centrado en la que consideran mala gestión que el PP lleva a cabo en la sanidad de sus comunidades autónomas
Los nacionalistas gallegos la han tildado de “insuficiente” al no abordar las causas fundamentales de la violencia, que para la parlamentaria de Podemos, Noemí Santana, radica en la mala gestión de los recursos de la sanidad pública fruto de sus “políticas neoliberales”.
En el caso del PNV, su oposición se ha basado en defender que este texto apenas aporta nada respecto a otra proposición de ley presentada en 2022. En concreto, su diputada Maribel Vaquero Montero reprochó al PP que no se ofrece a los sanitarios “ningún tipo de protección adicional” respecto a medidas ya tomadas por diferentes administraciones autonómicas.
Por parte de la izquierda vasca, desde EH Bildu se ha justificado por la hipotética invasión de competencias que supondría, ya que las medidas frente a agresiones a sanitarios las regulan las comunidades. Además, ha destacado que “si analizamos qué propuestas siguen trayendo una y otra vez, la intencionalidad no es eliminar, incluso ni reducir, es un intento de utilizar este problema como una pelota de viene y va sin buscar la manera de solucionarlo”, increpó Iñaki Ruiz de Pinedo.
En el caso de los diputados de los partidos catalanes, por JxCat, Josep Maria Cervera, ha seguido la línea del parlamentario de Bildu y ha pedido que se respeten las “particularidades” de los sistemas sanitarios con “marco propio”, algo que “reiteradamente el grupo popular olvida y no tiene en cuenta”. En el caso de Etna Estrems de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha reivindicado que las medidas deberían tener en cuenta un enfoque “desde la proximidad” para hacer frente a las realidades propias de cada territorio.
Críticas a la gestión del PP en sus autonomías
El resto de grupos parlamentarios nacionales, como Sumar a través de Alda Recas, han criticado la gestión del PP en las autonomías donde gobierna. Vox ha ido más allá, y su diputado David García directamente ha señalado a todos los “malos gobiernos” que ha habido en nuestro país y que “han destrozado” el sistema sanitario por una sucesión de “políticas fallidas”.
El PSOE se ha centrado más en hacer un repaso sobre una serie de propuestas que “no son suficientes” para defender a los sanitarios frente a agresiones. Entre otras, el Observatorio de la Organización Médico-Colegial, el Grupo de Trabajo Técnico para el análisis y estudio de las agresiones de los profesionales del SNS o la figura del Interlocutor Policial Territorial. Si bien reconoció que la propuesta popular es “bienintencionada”, pero incongruente con las decisiones que, según la diputada socialista Carmen Martínez, toman los líderes autonómicos del PP, que “se empeñan en desgastar la sanidad”. Si bien ha finalizado apostando por seguir poniendo este tema encima de la mesa para debatirlo.
