N.S.M./G.M.C.
El ámbito médico de la oncología se debate desde este lunes entre el desconcierto y la preocupación después de las informaciones publicadas por el diario ABC que recogen las denuncias de oncólogos de la sanidad privada que aseguran recibir presiones por parte de la compañía Atrys Health-Bienzobas para evitar recetar medicamentos de alto coste a pacientes con cáncer.
Desde su publicación, las reacciones no han dejado de sucederse, mientras la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) emitía este mismo martes un comunicado corroborando estas prácticas por las que, «en ocasiones», empresas asesoras externas y aseguradoras «no autorizan» fármacos disponibles en Sistema Nacional de Salud.
La SEOM señala la «falta de transparencia» en los procesos por los que se autorizan los fármacos oncológicos en la medicina privada
La sociedad científica señala la «falta de transparencia» en los procesos por los que se autorizan los fármacos oncológicos en la medicina privada. Poco después, la Fundación ECO, formada por oncólogos, mostraba su «máxima preocupación» por los «casos reportados» en distintos puntos de España «que demuestran», afirman, que estas prácticas están ocurriendo. Ministerio de Sanidad, sindicatos de funcionarios y colectivos de pacientes también se han pronunciado al respecto.
Las informaciones publicadas por ABC muestran ejemplos de informes en los que Bienzobas, compañía adquirida por Atrys Health en 2022, rechazan en primera instancia la conveniencia de autorizar los tratamientos que prescriben diferentes oncólogos en la sanidad privada para sus pacientes, y sugieren alternativas que tienen un menor coste. En los informes publicados, finalmente, las aseguradoras terminaron por autorizar el tratamiento propuesto por los especialistas.
Los casos expuestos se refieren a fármacos como pembrolizumab, ramucirumab pertuzumab, que están aprobados y financiados por el Sistema Nacional de Salud
Estas prácticas, según la información de ABC, perjudica especialmente a los asegurados de Muface, Mugeju e Isfas que no tienen la posibilidad de acudir a la sanidad pública de forma inmediata para recibir esos mismos fármacos. Los casos expuestos se refieren a terapias como pembrolizumab, ramucirumab pertuzumab, que están aprobados y financiados por el Sistema Nacional de Salud.
A las pocas horas de la publicación de estas informaciones, la compañía emitió un comunicado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) negando estas acusaciones. Aseguraban que la «decisión final» de la prescripción «es siempre del facultativo» con «independencia de cuál sea la recomendación emitida». «Por tanto, Bienzobas en ningún caso deniega uno u otro tratamiento«. Argumentan que su trabajo busca optimizar la calidad de la terapia oncológica «buscando la sostenibilidad de los sistemas» y que sus valoraciones se basan en la Escala de Magnitud del Beneficio Clínico de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).
La Fundación ECO habla de los casos reportados en diferentes puntos de España que «demuestran» estas prácticas»
Por el contrario, desde SEOM aseguran que la decisión final de la prescripción «no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externos y la aseguradora correspondiente quienes, en ocasiones, no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales ni aprobados por las autoridades sanitarias (europeas y españolas) y aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad».
La sociedad científica cuenta con un Grupo de Trabajo de Asistencia Oncológica en la Medicina Privada desde 2021. «Desde SEOM se han mantenido encuentros con las partes implicadas y se está realizando una recogida de toda la información necesaria y relevante para su análisis, y establecer las acciones que correspondan en cada caso», ha indicado su presidente, César Rodríguez. Su objetivo es «la salvaguarda de los facultativos oncólogos, en su libertad de prescripción basada en las mejores evidencias y guías, así como en los derechos de los pacientes a recibir el mejor tratamiento», reza el comunicado, en el que «respaldan» la labor de estos especialistas.
Las informaciones publicadas hablan de presiones documentadas en 2023 y 2024. Aunque los oncólogos que denuncian estas prácticas se mantienen en el anonimato, sí hay algunos testimonios en redes sociales. Es el caso del Dr. José Manuel Trigo, que ejerce como oncólogo en Málaga. En publicaciones de 2023 y 2023 en la red social X, lamentaba que Bienzobas «de nuevo» denegaba un tratamiento.
Desde SEOM aseguran que la decisión final de la prescripción «no depende siempre del facultativo, sino de otros actores como el asesor oncológico externos y la aseguradora correspondiente»
En la publicación de octubre de 2023, Trigo contaba el caso de una paciente de 27 años con linfoma de Hodgkin en estadio IV positivo para CD30. «Lo mejor son las alternativas que nos proponen en 1ª línea. Leed no tiene desperdicio. Roza la negligencia, no?», escribía, junto a una imagen en la que se podía leer cómo por segunda vez la compañía recomendaba un esquema de tratamiento alternativo al propuesto por la oncóloga que trataba a la paciente «de mejor coste eficacia», con el que la especialista se mostraba claramente en desacuerdo.
La Fundación ECO asevera en su comunicado que, desde el momento en el que una innovación terapéutica recibe la autorización «después de un análisis riguroso» de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y su homóloga en España, y se incluye en la financiación pública del SNS «no debería negársele a ningún paciente con cáncer. La salud de los pacientes es nuestra razón de ser».
La Fundación ECO recuerda que » los pacientes siempre han de recibir el mejor tratamiento disponible posible»
«Por ello, nuestra posición es contundente: los pacientes siempre han de recibir el mejor tratamiento disponible posible», señala la Comisión Permanente de la fundación que firma el comunicado. Valoran que la denuncia sobre estas prácticas «exige una investigación profunda» para evaluar qué impacto tiene, cuáles son sus causas y quiénes son sus responsables. Además, se ponen a disposición de las autoridades competentes «para aportar la información» con la que cuentan.
El ministerio reivindica la sanidad pública
A colación de la publicación de la información sobre Atrys Health – Bienzobas, varios miembros del ministerio han reaccionado en redes sociales, aprovechando para reivindicar la sanidad pública. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expuesto que el hecho de que “empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio”. “Por eso defendemos una sanidad pública donde los médicos deciden según la evidencia científica, no según beneficios económicos”, ha agregado García.
En esta misma línea se ha expresado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. “A este respecto solamente nos queda una cosa, que es reivindicar la sanidad pública como aquel lugar en el cual no solamente se incorporan las innovaciones de alto valor, sino que se intenta que todo lo que se incorpore, aporte”.
Javier Padilla: «Intenta evitar la prescripción de tratamientos oncológicos de alto coste para que sean derivados al lugar en que esos medicamentos se están dando: la sanidad pública»
Ambos se han mostrado en contra de estas prácticas en las que una empresa intermediaria pueda interactuar con los oncólogos cuestionando una decisión clínica a la hora de prescribir tratamientos de alto coste. Aquí, Padilla ha señalado que esto “intenta evitar la prescripción de tratamientos oncológicos de alto coste para que sean derivados al lugar en que esos medicamentos se están dando: la sanidad pública”.
Por último, el secretario de Estado de Sanidad se ha referido a la situación de los funcionarios que reciben servicio de Muface, Mugeju e Isfas, precisando que desde el ministerio abordaron esta situación hace meses, basándose en la literatura científica que reflejaba la prevalencia de enfermedad oncológica entre mutualistas y usuarios de la sanidad pública. “Podemos escandalizarnos cada vez que pase, pero esto es una práctica que en alguna medida estará cuando interaccionan sanidad, ánimo de lucro y tratamientos de alto coste, con una sanidad pública que hace de red de seguridad”, ha valorado Padilla.
Los pacientes oncológicos llaman a la independencia y transparencia
Desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), su presidenta, Begoña Barragán, ha mostrado su preocupación por las supuestas presiones a oncólogos para reducir la prescripción de medicamentos de alto coste. Así, ha recalcado que el acceso a los mismos “no puede estar condicionado” por criterios económicos, tildando esta situación de “inadmisible”. “Los pacientes con cáncer no podemos ser moneda de cambio en estrategias comerciales ni ver condicionado el tratamiento por decisiones ajenas a la medicina”, ha añadido.
Begoña Barragán (Gepac): «Los pacientes con cáncer no podemos ser moneda de cambio en estrategias comerciales ni ver condicionado el tratamiento por decisiones ajenas a la medicina”
La presidenta de Gepac ha recordado que la entidad lleva años luchando para que el cáncer sea una cuestión de estado, llamando a administraciones, aseguradoras y entidades sanitarias a comprometerse para que cada paciente reciba el tratamiento que más se ajusta a su caso sin trabas económicas ni burocráticas. En este sentido ha pedido que no haya “interferencias” externas y que se garantice “total transparencia” en la autorización de tratamientos en la sanidad privada.
«No permitiremos que la oncología se vea sometida a intereses que pongan en peligro la salud y la vida de los pacientes. Seguiremos denunciando cualquier práctica que vulnere su derecho a recibir el mejor tratamiento posible», ha expresado Barragán. Además, ha recordado que, si los pacientes se sienten afectados por esta situación o tienen dudas, pueden solicitar asesoramiento y apoyo a Gepac.
La sanidad privada defiende que el criterio clínico prevalece
Por su parte, Juan Abarca, presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS, a través de su cuenta en LinkedIn, ha calificado de “alarmantes” estas informaciones, lamentando que se quiera atacar al sector privado, pero considerando que “habrá que investigar todas las irregularidades que se produzcan”. Aun así, ha dicho entender que las empresas que en ocasiones actúan de manera intermedia entre clínicos y aseguradoras tienen unos criterios basados en la sostenibilidad y coste-eficiencia, criterios que afirma, se siguen en la sanidad de manera genérica independientemente de si el ámbito es público o privado.
Juan Abarca (HM Hospitales): «Se debe respetar el criterio del profesional siempre que se ajuste a protocolos aprobados”
Abarca ha señalado que “se debe respetar el criterio del profesional siempre que se ajuste a protocolos aprobados”. “Para tranquilidad de nuestros pacientes, no hay constancia de que se haya ido en contra del criterio médico y nuestros profesionales trabajan en libertad y están sometidos, sólo, a los criterios y protocolos de calidad del grupo”, ha desarrollado.
CSIF pide analizar la situación y llama a denunciar irregularidades
El sindicato CSIF, por su parte, ha reclamado la convocatoria del Consejo General de Muface para analizar esta situación. “Exigimos que se investiguen estas denuncias y llegado el caso se tomen las decisiones pertinentes para que no se vea afectada la asistencia sanitaria”, indican desde el sindicato.
Asimismo, solicitan a Muface que tras la salida de DKV del concierto, se garantice la continuidad asistencial hasta que se formalice el nuevo convenio, e instan a los mutualistas a denunciar aquellos casos en que haya falta de atención sanitaria.
