J. L. G.
Una de las aristas más afiladas que tiene el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios es la habilitación de que otros colectivos distintos de los médicos, como enfermeras o fisioterapeutas, puedan prescribir “dentro del ámbito de sus competencias”, según se puede leer en el texto que ahora está en fase de audiencia pública. Esa parte ha recibido un rechazo frontal de la profesión médica que ha quedado patente en sendos comunicados del Foro de la Profesión Médica y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Al respecto, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) también ha manifestado sus discrepancias ya expresadas en anteriores ocasiones.
La principal razón de esta firme oposición está en que la ampliación de las competencias a otros profesionales sanitarios distintos de los médicos para prescribir fármacos podría tener un “impacto perjudicial en la seguridad clínica de los pacientes”, ha expresado el Foro de la Profesión Médica. De hecho, ha reiterado que tanto diagnóstico como tratamiento “son competencias de los médicos” y que esto supone “una garantía para la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial”.
De hecho, desde el Foro (compuesto por la OMC, Facme, la CESM, la Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) han informado que, tras salir a la luz las líneas de la futura ley, el Observatorio de la Prescripción de la OMC se reunirá este viernes “de manera urgente” para analizar y valorar “en profundidad” el anteproyecto “y su posible impacto en el sistema sanitario y la atención a los pacientes”.
La seguridad clínica del paciente se pondría en entredicho de permitirse que tanto enfermeras como fisioterapeutas puedan prescribir medicamentos, advierten los médicos
Por su parte, tanto Semergen como la SEMG, posicionadas en línea con el resto de las sociedades médicas, han agregado que por ley tan solo están habilitados a prescribir medicamentos los médicos, junto a podólogos y odontólogos “en el marco de sus competencias profesionales”. De no ser así, han insistido desde Semergen, “podría suponer un riesgo para la seguridad del paciente”.
Otro de los principales argumentos defendidos por los médicos es que detrás de la prescripción farmacológica hay un profesional que debe estar capacitado para poder realizar “una evaluación y diagnóstico clínico” y que “requiere una formación médica especializada”. A juicio del Foro, el acto de prescribir viene precedido de una atribución al médico, que ha dedicado “un mínimo de formación de seis años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años en su especialización”.
Desde la SEMG ya advirtieron en un posicionamiento emitido el año pasado que las particularidades del médico, como la formación, vienen dadas porque previa prescripción es necesario “realizar una orientación diagnóstica, a través de una anamnesis o exploración física”. Pero no solo: también decidir qué pruebas diagnósticas, si son necesarias, se le realizan; evaluar los antecedentes, potenciales interacciones y factores concomitantes, además de una valoración riesgo-beneficio global.
En definitiva, para el Foro de la Profesión Médica esta medida concreta se entiende como alejar a la sanidad “de la excelencia” al diluir responsabilidades por una gestión acelerada. Asimismo, “confronta con las competencias de la profesión médica” que, tras años de formación y capacitación, habilita a estos profesionales “para ejercer el liderazgo clínico de los equipos multidisciplinares”.
Rechazo también a la sustitución de medicamentos
El anteproyecto recoge además la posibilidad de que el farmacéutico adquiera competencias para poder sustituir medicamentos en situaciones de desabastecimiento sin conocimiento y consentimiento previo del médico prescriptor. Al respecto, Semergen ha defendido la “coordinación entre profesionales sanitarios” aunque teniendo en cuenta que “cualquier modificación del tratamiento” cuente “obligatoriamente con el criterio médico”.
Desde la óptica de la SEMG, que percibe en la intención de Sanidad una forma de “reducir la carga asistencial en atención primaria y facilitar el acceso a la medicación para los pacientes”, esta medida requiere debatir “cómo se implementará para garantizar la seguridad del paciente y mantener una comunicación efectiva” entre médicos y farmacéuticos. “Si no se realizan pasos en paralelo para establecer estos cauces”, han anticipado, “irá nuevamente en detrimento del correcto seguimiento del paciente”.
En paralelo, Semergen ha añadido sobre la prescripción por principio activo que no debería de ser “exclusiva por considerar que puede generar confusión en algunos pacientes y dificultades en la adherencia terapéutica”.
Los distribuidores farmacéuticos también en contra
Por otro lado, otro sector que ha mostrado su rechazo al texto del anteproyecto de ley es la distribución farmacéutica. La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) ha alegado que esta impactaría “negativamente en toda la cadena del medicamento (laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia) y podría comprometer la disponibilidad de medicamentos para la población”.
Aspectos como la incertidumbre “derivada de las revisiones constantes de precio” tendrían consecuencias para los mayoristas farmacéuticos. Dicha “inestabilidad” que se podría generar “dificultaría las previsiones de demanda y las estimaciones de los niveles adecuados de stock de los medicamentos, generando disrupciones en la cadena y poniendo en riesgo la disponibilidad de estos medicamentos para los pacientes”, según recoge Europa Press.
No obstante, al estar en fase de audiencia pública, desde Fedifar han indicado que aún hay “una oportunidad para recoger una de las demandas de la patronal”, en referencia al reconocimiento normativo de la actividad de gama completa y su diferenciación respecto a la que realizan otros distribuidores que actúan en el mercado con la misma licencia pero que llevan a cabo una labor completamente diferente.
Para finalizar, han agregado que insistirán “en que se reconozca la actividad mayorista de gama completa para aquellos distribuidores que aseguren un suministro ininterrumpido a las farmacias de su ámbito territorial de todas las especialidades disponibles en el mercado, estableciendo, asimismo, un distinto nivel de obligaciones para los que tienen esta consideración”.