Redacción
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) han denunciado las barreras estructurales, la brecha digital y la falta de participación real que enfrentan las personas mayores, con discapacidad y aquellas con enfermedades crónicas para acceder a una atención sanitaria y social «equitativa, personalizada y continua».
Ambas entidades subrayan que, aunque los derechos sanitarios y sociales de estos colectivos están reconocidos en la normativa vigente, su aplicación práctica sigue siendo muy limitada. Esta situación afecta directamente a su autonomía, su dignidad y la continuidad asistencial.
A pesar de que los derechos sanitarios y sociales de estos colectivos están reconocidos en la normativa vigente, su aplicación práctica sigue siendo muy limitada
Para sustentar esta denuncia, la POP cita el informe Estudio del impacto de la discapacidad de las personas mayores, que señala que más del 80 % de las personas mayores de 65 años tiene al menos una enfermedad crónica, y que el 27,3 % de quienes tienen una discapacidad a esa edad manifiesta tener «mucha dificultad» o «no poder» realizar actividades básicas sin ayuda.
Además, el mismo documento recoge que el 23,6 % de las personas mayores con discapacidad no puede acudir solas al médico o a otros servicios sanitarios, lo que limita gravemente su acceso efectivo a la atención.
Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, ha afirmado que «los derechos de las personas mayores siguen sin garantizarse. Su atención se ve fragmentada, poco accesible y carente de un enfoque integral, lo que vulnera su dignidad y autonomía».
Las organizaciones también han destacado la situación específica de las mujeres mayores cuidadoras. Según el informe Mujer, discapacidad y enfermedad crónica, publicado por la POP, el 65 % de las mujeres con enfermedad crónica y discapacidad que ejercen tareas de cuidado tienen más de 60 años, y el 89 % de ellas lo hace sin ningún tipo de apoyo profesional.
Carina Escobar, presidenta de la POP, ha advertido de la existencia de una triple discriminación en estas mujeres, «por razón de género, edad y condición de salud», y ha reivindicado «su derecho al cuidado, no solo a cuidar».
En relación con las personas con enfermedades crónicas, ambas plataformas recuerdan que el 65 % considera que el sistema sanitario no garantiza adecuadamente sus derechos, y que el 61 % percibe que la digitalización ha dificultado su relación con el sistema, según los datos del VII Barómetro EsCrónicos.
Demandas y propuestas
Tanto la PMP como la POP instan a las administraciones públicas y al conjunto del sistema sanitario a garantizar los derechos, la equidad y la accesibilidad, con una atención específica a las personas mayores y con discapacidad. Asimismo, exigen el reconocimiento y apoyo real a las mujeres mayores cuidadoras, incluyendo medidas concretas de descanso, apoyo psicológico y servicios profesionales.
Entre las propuestas, destacan la necesidad de reducir la brecha digital, asegurar la atención presencial, eliminar barreras físicas y tecnológicas, y promover la alfabetización digital adaptada. También abogan por una atención sociosanitaria verdaderamente integrada, centrada en la persona y no en la patología, así como por fomentar la participación activa e informada de pacientes y mayores en sus decisiones sanitarias.
«No basta con recordar los derechos: hay que cumplirlos y garantizarlos. La salud es un derecho fundamental, y no puede depender de la edad, el género o el nivel digital», concluyen ambas organizaciones.
