Redacción
Farmaindustria ha presentado sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de abril. La patronal del sector farmacéutico considera que el texto, tal como está planteado, no responde al momento de transformación que atraviesa la sanidad, ni a los objetivos recogidos en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028. Reclama una revisión integral del anteproyecto para adaptarlo a las innovaciones científicas, tecnológicas y organizativas que marcarán los próximos años.
En su documento, Farmaindustria critica el enfoque económico a corto plazo del anteproyecto y lamenta que no se contemple el medicamento como una inversión estratégica en salud y desarrollo económico. A juicio de la patronal, el texto ignora los beneficios a medio y largo plazo que aporta la innovación farmacéutica, tanto en términos de salud pública como en ahorro de costes sanitarios, productividad y empleo.
Una de las principales propuestas es establecer procedimientos acelerados para la financiación de medicamentos en enfermedades raras o sin alternativa terapéutica. La patronal plantea un plazo máximo de 90 días para estos casos, muy por debajo de los 616 días que, de media, tarda España en incorporar un nuevo fármaco desde su autorización europea hasta su disponibilidad en el Sistema Nacional de Salud. También solicita que se cumpla el plazo de 180 días establecido por la Directiva de Transparencia para la financiación del resto de medicamentos.
Farmaindustria reclama en sus alegaciones una revisión profunda del Anteproyecto de Ley y denuncia que el texto prioriza el control del gasto a corto plazo frente al impulso de la innovación y el acceso equitativo a los medicamentos.
Farmaindustria también pide que los informes técnicos derivados de las evaluaciones clínicas conjuntas a nivel europeo y nacional tengan carácter vinculante para todo el SNS. Esta medida busca evitar las múltiples evaluaciones que actualmente se producen a nivel nacional, regional e incluso hospitalario, y que, en la práctica, retrasan o limitan el acceso de los pacientes a los tratamientos.
Otra propuesta destacada es la implementación de plataformas comunes y auditables para medir la efectividad de los medicamentos en vida real. La patronal defiende que estos sistemas, compartidos entre comunidades autónomas y accesibles para las compañías, permitirían evaluar mejor los resultados clínicos, favorecer modelos de pago por resultados e impulsar un uso más eficiente de los recursos sanitarios.
En el ámbito económico, Farmaindustria reclama una revisión del sistema de precios seleccionados para medicamentos sin patente, que obliga a las compañías a presentar ofertas ciegas cada seis meses. Según la patronal, este modelo beneficia a operadores oportunistas sin garantías de suministro estable y genera incertidumbre, cambios constantes en la medicación de los pacientes y riesgos para el tejido industrial local.
La patronal propone reducir a 90 días el plazo de financiación para fármacos sin alternativa terapéutica y que los informes técnicos de evaluación sean vinculantes en todo el SNS
También expresa su oposición a la posibilidad de sustituir un medicamento prescrito por su denominación comercial por otro más barato sin causa justificada, una medida que, según advierte, vulnera la relación médico-paciente, puede afectar a la adherencia al tratamiento y deteriorar los resultados en salud. Farmaindustria propone que se respete la prescripción comercial cuando esté motivada clínicamente.
En cuanto a los procedimientos de compra pública, pide mecanismos especiales para agilizar la adquisición de medicamentos exclusivos, evitando demoras innecesarias que retrasen el acceso de los pacientes. Además, reclama una reducción en la aportación obligatoria de las farmacéuticas al SNS en función de las ventas hospitalarias, proponiendo que estas contribuciones se vinculen a formación científica y organizaciones de pacientes, en colaboración con las comunidades autónomas.
Farmaindustria también denuncia el papel excesivo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en decisiones que afectan al acceso a medicamentos. Considera que la presencia constante de este órgano en aspectos asistenciales, sociales o clínicos no es adecuada, y propone eliminar su intervención en estos ámbitos.
Por último, la patronal solicita ajustar el régimen sancionador sobre publicidad de medicamentos autorizados pero no comercializados, ya que —según argumenta— va contra el derecho comunitario y contradice sentencias recientes del Tribunal Supremo español. En cuanto a la transparencia sobre financiación pública de la I+D, propone limitarla a las ayudas concretas concedidas en España, evitando exigencias desproporcionadas que ignoren el carácter global de la investigación farmacéutica.
En resumen, Farmaindustria urge al Gobierno a rediseñar el texto legal para que sirva de herramienta efectiva para impulsar la innovación, garantizar el acceso rápido y equitativo a los tratamientos, y reforzar la autonomía estratégica del país en un sector clave para la salud y la economía.
