Redacción
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el tratamiento para la ataxia de Friedreich, omaveloxolona (Skyclarys, comercializado por Biogen), se encuentra en un proceso de evaluación «complejo» y «garantista» por parte de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM) y confía en que su financiación se produzca «próximamente». Su anterior paso por la CIPM en enero de este mismo año se cerró con la decisión de no financiar el tratamiento para esta enfermedad considerada rara.
La ministra ha dado a conocer que pronto volverá a evaluarse su inclusión en la prestación farmacéutica durante la sesión plenaria en la Cámara Alta en una respuesta a la pregunta del senador popular José Manuel Aranda, recogida por Europa Press. El senador ha cuestionado a la ministra sobre el plazo que plantea Sanidad para financiar la omaveloxolona a los pacientes, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) haya recomendado su comercialización y la CIPM rechazara financiarlo en España aduciendo «datos de racionalización del gasto farmacéutico».
Según la información que maneja la Federación Andaluza de Ataxias (Fadada), el precio de omaveloxolona ronda los 1.000 euros diarios por paciente
Como suele ocurrir con los medicamentos innovadores, la información sobre el precio al que se comercializa no abunda y suele depender de las negociaciones que las compañías van cerrando con los países a los que llega el nuevo fármaco. Según la información que maneja la Federación Andaluza de Ataxias (Fadada), el precio de este tratamiento ronda los 1.000 euros diarios por paciente.
«El tratamiento para la ataxia de Friedreich está en estos momentos en un proceso de evaluación (…) y he de decirle que esa Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos no habla de racionalización de los gastos, habla de un entramado mucho más complejo de evaluación de las tecnologías, de la evaluación de la eficacia y de la evaluación de la eficiencia», ha aseverado García.
En esta línea, ha insistido en que la financiación de medicamentos en España, «por suerte», no depende de ella como ministra ni de una decisión unilateral, sino de un «complejo entramado garantista» que permite que los fármacos lleguen «a quien tienen que llegar» y contribuyan a la «sostenibilidad» del sistema, para lo que los comités técnicos de profesionales se basan en la evidencia científica para negociar con las compañías farmacéuticas.
Mónica García: «El tratamiento para la ataxia de Friedreich está en estos momentos en un proceso de evaluación»
«¿Usted está seguro que las comunidades del Partido Popular que están en esa comisión no votan en contra? ¿Usted está seguro que no ha sido el Partido Popular en esa comisión la que ha votado en contra a todos y cada uno de los medicamentos que usted trata de ir aquí? No me lo puede asegurar, ¿no? Bueno, pues yo ya le digo que en muchas de esas comisiones quien vota a favor es el Ministerio de Sanidad», ha subrayado la ministra.
En el turno de réplica, José Manuel Aranda ha reprendido a García porque solo son algunos hospitales de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha los que financian con recursos propios el tratamiento a ocho o nueve pacientes de ataxia de Friedreich, que tiene una prevalencia de 1,34 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, ha asegurado que el fármaco está financiado en Alemania, Luxemburgo, Austria, Chipre o Croacia.
El senador del Partido Popular José Manuel Aranda ha reprochado a la ministra que solo algunos hospitales de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha financian con recursos propios omaveloxolona
«Solo uno de los 17 medicamentos huérfanos que han sido aprobados en 2024 se aprobó en la primera sesión (del CIPM)», ha criticado Aranda para denunciar a continuación los «fracasos sonados» de Mónica García, poniendo ejemplos como la huelga de médicos o la Ley ELA. «Sus compromisos en la OMS y con los ciudadanos son meras palabras, los hechos la retratan», ha resaltado.
Compensación a víctimas del amianto
Mientras esto ocurría en el Senado, unas horas antes el Consejo de Ministros aprobaba el el Real Decreto que se establecen los «requisitos y el procedimiento» para reconocer el derecho de la compensación económica para las víctimas del amianto, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación. La medida da «respuesta a una demanda histórica», afirmaba en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
La normativa aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley 21/2022 por el que se creó un fondo de compensación para las víctimas del amianto y recoge quiénes pueden ser beneficiarios, los requisitos que deben cumplir para su reconocimiento, el procedimiento para solicitar la compensación y su aprobación y el importe de las indemnizaciones.
Serán beneficiarios de las compensaciones quienes tengan reconocimiento administrativo o judicial firme de una pensión por incapacidad derivada de enfermedad profesional causada por amianto
Así, el texto considera como beneficiario a quien haya obtenido el reconocimiento administrativo o judicial firme de una pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional ocasionada por el amianto; o tengan derecho de cobro a una indemnización, por sentencia judicial firme, siempre que no hubieran podido ejecutar la sentencia total o parcialmente. También se consideran beneficiarios quienes padezcan una enfermedad de las recogidas en el anexo del RD.
Los interesados en tramitar esta ayuda deben solicitar el certificado del diagnóstico de patologías derivadas de la exposición al amianto para presentar la solicitud de compensación al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), organismo que aplicará el baremo establecido para determinar la cuantía en función de las patologías derivadas de la exposición al amianto. Este importe se ha fijado en 32.207,08 euros para asbestosis; 48.310,62 euros para cáncer de laringe; 64.414,16 euros para cáncer de pulmón; y 96.621,24 euros para mesotelioma.
El importe fijado va de los 32.000 a los cerca de 100.000 euros, dependiendo de la enfermedad
Las personas beneficiarias percibirán una compensación indemnizatoria a través de un pago único con cargo a este fondo. En el caso de que el afectado sufra varias patologías se aplicará el baremo que corresponda a la de mayor gravedad. En total, la resolución se emitirá en el plazo de seis meses desde el registro de la solicitud. Si, en este plazo, no hubiese respuesta expresa, el silencio se entenderá negativo y, por lo tanto, no se reconocerá el importe de la compensación al solicitante.
