Gema Maldonado Cantero
No estaba recogido en el orden del día, pero el conflicto entre sindicatos médicos y Ministerio de Sanidad a cuenta de la negociación del nuevo Estatuto Marco ha sido uno de los protagonistas de las declaraciones de los consejeros de Sanidad y de la propia ministra antes y después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado de forma extraordinaria este miércoles.
Como viene siendo habitual en estos encuentros, la discrepancia y el desencuentro entre autonomías y Ministerio se hace patente ante los medios. Aunque en la reunión sí se mostraban «de acuerdo» en que no todas las reivindicaciones sindicales son aceptables para estas administraciones.
Si las comunidades gobernadas por el PP lamentaban que el equipo de García no incluyera el Estatuto Marco en el orden del día y posteriormente aseguraban que no tenían toda la información sobre el borrador que se negocia, la ministra afirmaba en rueda de prensa que, ante las preguntas sobre el Estatuto, les había «hecho un resumen pormenorizado de los elementos que estamos estudiando» en la negociación, y de las reivindicaciones sindicales con las que mayor distancia hay. «Todas las movilizaciones son legítimas, pero algunas demandas no lo son. (…) Las hemos compartido [con las comunidades] y nos han dicho que están de acuerdo con el Ministerio», ha afirmado.
Mónica García: «Todas las movilizaciones son legítimas, pero algunas demandas no lo son. (…) Las hemos compartido [con las comunidades] y nos han dicho que están de acuerdo con el Ministerio»
Se ha referido en concreto al malestar que ha generado entre los médicos la reclasificación de las enfermeras y a las reivindicaciones «que no son competencia de este Ministerio, como el tema de la jubilación». Pero la huelga de médicos del pasado viernes y la nueva huelga en ciernes el próximo mes de octubre ha generado un conflicto del que las comunidades culpan a García.
«La responsabilidad es del Ministerio porque no ha negociado con los agentes sociales que convocaron la huelga y nos han vuelto a anunciar que el próximo día 10 de octubre volvemos a tener una huelga. Desde aquí requerimos que la ministra se siente y negocie y vuelva a hacer uso de sus responsabilidades o bien que retire de una vez el acuerdo», afirmaba en declaraciones recogidas por Europa Press antes del encuentro el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez. El popular ha criticado que Sanidad no les entregue el borrador del Estatuto. «No se nos ha presentado y creo que habría sido de respeto a quien tiene que gobernar el sistema sanitario de todas las comunidades autónomas que lo hubiera compartido», ha apuntado.
Alejandro Vázquez (Castilla y León): «Requerimos que la ministra se siente y negocie [el Estatuto Marco] y vuelva a hacer uso de sus responsabilidades o bien que retire de una vez el acuerdo»
En febrero Sanidad tuvo una reunión con las comunidades autónomas y les dio a conocer el primer borrador que propuso. Posteriormente, ha seguido negociando con los sindicatos en el ámbito de la negociación, donde no están presentes las comunidades autónomas. Ante las preguntas de las comunidades, Mónica García ha afirmado que «las negociaciones van bien, trabajamos un texto con mejoras absolutamente novedosas en muchas reivindicaciones que propiciaron esa huelga y otras se están resolviendo».
Para la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, la ministra «ha conseguido poner en contra a todos los profesionales sanitarios». «Es una ley que ha de tener epígrafes específicos con las peculiaridades específicas de cada categoría profesional» y para ello, ha recalcado, «se ha de hablar con todos los representantes de los profesionales sanitarios, con todos absolutamente». «Eso no enfrenta categorías profesionales ni quita ni resta derechos a nadie, sino todo lo contrario», ha recalcado.
Para la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid la ministra «ha conseguido poner en contra a todos los profesionales sanitarios»
A este respecto, Mónica García ha señalado en su intervención que «por responsabilidad» no va a «volver a meter el Estatuto en un cajón» para partir de cero en una nueva negociación. Eso es lo que solicitó el pasado viernes el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El reparto de fondos, motivo del Interterritorial extraordinario
El motivo de la reunión era el reparto de 229 millones de euros autorizado hace dos semanas por el Consejo de Ministros destinados a reforzar la atención primaria (172 millones), el plan de salud mental (39 millones) y el primer plan de prevención del suicidio (18 millones). Cantidades que los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular consideran «insuficientes» y que la consejera de Sanidad Madrileña ha cifrado en «0.80 céntimos por habitante» en el caso del plan de prevención del suicidio, «1,2 céntimos para reparto de salud mental y en atención primaria, 3,5 euros por ciudadano».
La ministra de Sanidad en rueda de prensa ha recalcado que estos 229 millones «son adicionales» y «no son un sustituto» de los presupuestos autonómicos para Sanidad. «Damos por hecho que las consejerías, dentro de las transferencias de fondos del Estado ya están invirtiendo en atención primaria y salud mental, por eso estos fondos son un refuerzo más para estas políticas». Al hilo, ha afirmado que estas comunidades reciben «300.000 millones más desde 2018 de lo que recibían con el gobierno anterior». «Encima que hacemos un esfuerzo desde los Presupuestos Generales del Estado, el reproche de que no es suficiente no ha lugar», ha zanjado.
Las comunidades del PP lamentan que los 229 millones de euros son insuficientes, a lo que la ministra responde que estos fondos «son adicionales» y «no son un sustituto» de los presupuestos autonómicos
Los criterios para el reparto de los fondos para reforzar la atención primaria no han gustado a las comunidades del PP, puesto que la mitad de la inversión está condicionada a que las comunidades cumplan una serie de medidas antes de poder recibir los fondos. «Interfieren absolutamente con las competencias autonómicas, como puede ser, por ejemplo, la convocatoria de una oferta pública de empleo o el tener una ley de zonas de difícil cobertura», ha afirmado el consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Los problemas para cubrir las vacaciones de los sanitarios en el periodo estival y el posible cierre de camas que podría acarrear tampoco han estado en el orden del día, otro de los temas que han reclamado las comunidades autónomas fuera de la reunión. La ministra de Sanidad ha dicho que esta cuestión «no se ha abordado» y los consejeros «no han dicho nada, tampoco en ruegos y preguntas».
El reparto de los fondos para reforzar la atención primaria no ha gustado a las comunidades del PP, puesto que la mitad de la inversión está condicionada a que las comunidades cumplan una serie de medidas
García sí ha considerado que la gestión de los planes de verano «es competencia de las comunidades» y que el año pasado fue un tema candente porque los MIR de último año, terminaban su formación después del verano, y no en mayo, como es habitual, debido a su incorporación tardía por el Covid en 2020. «Finalmente no hubo probremas, así que entendemos que este año no hay ningún problema», ha zanjado.
Una campaña frente a la obesidad con polémica en redes
Interrogada por la campaña que lleva a cabo estos días la compañía Novo Nordisk contra la obesidad, que ha generado cierta controversia en redes sociales, la ministra de Sanidad ha dicho que «los determinantes comerciales de la salud, que son este tipo de campañas, hay que vigilarlos también y hay que ponerlos en el contexto del que hablamos». Novo Nordisk es una de las compañías que comercializa medicamentos que se han popularizado por sus resultados en la pérdida de peso, como Ozemipic y Wegovy.
Mónica García: «Los determinantes comerciales de la salud, que son este tipo de campañas, hay que vigilarlos también y hay que ponerlos en el contexto del que hablamos»
La campaña defiende que hay que hablar sobre la obesidad «sin filtros». Un punto sobre el que Mónica García cree que «si queremos hablar sin filtros de la obesidad, tendremos que hablar de los determinantes sociales de la salud, son las familias con menos recursos las que más sufren la obesidad». Ha hecho referencia al estudio presentado esta misma semana por la la Fundación Pau Gasol, centrado en conocer y evaluar los estilos de vida y la salud de los niños. «Lo que tenemos que hacer como sociedad es prevenir y que no llegue la enfermedad: fijarnos en desigualdades, en niños que no tienen acceso a alimentación y ocio saludables, en el exceso a la exposición a pantallas, en el sedentarismo. Nosotros trabajamos en la prevención y en diagnosticar bien el problema».
