Redacción
Sanidad valorará el grado de cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en las diferentes comunidades autónomas. Así lo ha anunciado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en una carta remitida a los gobiernos regionales. El objetivo de esta evaluación es, según indican, garantizar el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud. A su vez, el documento advierte que se valora comenzar procedimientos legales frente a aquellos gobiernos que no cumplan la ley del aborto.
El comunicado recuerda a los consejeros que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, junto con el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, que la desarrolla, debe «proteger los derechos fundamentales en materia de salud sexual y reproductiva, regular las condiciones para la IVE y establecer las obligaciones de los poderes públicos para garantizar a la población el mayor nivel posible de salud y educación sexual y reproductiva». No obstante, Padilla señala que, a pesar del tiempo sucedido desde su aprobación, existen muchas mujeres que «siguen encontrando barreras geográficas, administrativas u organizativas» que dificultan el acceso a esta prestación del Sistema Nacional de Salud, lo que compromete la equidad.
El informe analizará si la prestación «se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos»
Así, Sanidad llevará a cabo un informe con el que pretende evaluar el grado de cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en lo relacionado a la interrupción voluntaria del embarazo. De esta manera, analizará «si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos».
Según lo que plasme este análisis, Padilla ha advertido que se valorará iniciar procedimientos legales frente a aquellos gobiernos autonómicos «que no estén garantizando este derecho conforme a lo establecido por la ley».
Se solicitará información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación
En una primera fase, y en función de la gravedad de los incumplimientos detectados, la Alta Inspección del Estado remitirá requerimientos formales a las administraciones autonómicas implicadas. Además, en ellos se solicitará información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente.
Si las respuestas no resultan satisfactorias, el Ministerio de Sanidad podrá adoptar las medidas legales que considere oportunas, siempre dentro del marco normativo, con el objetivo de asegurar el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.
«Este procedimiento se enmarca en la responsabilidad del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud», ha subrayado el Ministerio en un comunicado.
