Redacción
El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EE.UU) ha autorizado al Gobierno de Donald Trump a recortar cerca de 783 millones de dólares (unos 690 millones de euros) en subvenciones sanitarias, una medida que impacta directamente en programas de investigación y prevención en ámbitos como el VIH, el suicidio, el cáncer o la salud mental.
En una ajustada decisión de cinco votos frente a cuatro, la Corte levantó la orden de un juez federal de Boston que había bloqueado previamente los recortes aplicados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Dicho magistrado consideraba que los NIH actuaron de forma «arbitraria y caprichosa» al ejecutar las prioridades de la administración Trump.
El Supremo, sin embargo, concluyó que ese tribunal carecía de jurisdicción para obligar a restituir subvenciones específicas. La sentencia abre la puerta a que universidades, centros de investigación y organizaciones afectadas puedan reclamar los fondos en otra instancia federal, aunque, de momento, los proyectos quedan sin financiación.
El tribunal abre la puerta a que beneficiarios reclamen en otra instancia, pero sin frenar el recorte inmediato
El origen del caso está en una orden ejecutiva firmada en enero de 2025, al inicio del segundo mandato de Trump, que obliga a las agencias federales a rescindir ayudas o contratos que, en opinión del Gobierno, «promuevan la ideología de género» o establezcan «preferencias inmorales en función de raza, sexo, identidad de género, orientación sexual o religión».
Los recortes afectan de manera especial a proyectos vinculados al marco de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que en los últimos años había permitido canalizar recursos hacia poblaciones vulnerables y colectivos con mayores desigualdades en salud. Entre los programas en riesgo figuran líneas de investigación sobre prevención del VIH en comunidades afroamericanas y latinas, iniciativas de salud mental para jóvenes y estudios sobre cáncer con enfoque en disparidades sociales.
La decisión refleja el choque entre la agenda anti-DEI de Trump y las necesidades de la comunidad científica
El impacto sobre la investigación biomédica es inmediato: varios ensayos clínicos podrían interrumpirse y numerosos equipos de investigación enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus proyectos. Expertos en políticas sanitarias han advertido que esta pérdida de recursos compromete tanto la innovación científica como la capacidad de respuesta frente a desafíos de salud pública.
Desde distintos ámbitos académicos y profesionales se han alzado críticas. Diversas asociaciones médicas han subrayado que los NIH desempeñan un papel esencial en la financiación de investigación traslacional y en la consolidación de programas de prevención. Reducir su margen de actuación, sostienen, puede agravar inequidades sanitarias y retrasar avances en áreas críticas.
Aunque el fallo no cierra la vía judicial, la decisión supone en la práctica una paralización inmediata de centenares de proyectos, con el consiguiente impacto en hospitales, universidades y centros de salud pública.
