De la cesación tabáquica en atención primaria a las multas de 100 euros a los padres de menores que fumen o vapeen

Además de las restricciones al tabaco y otros productos derivados, el anteproyecto de Ley apela al sistema sanitario para facilitar la deshabituación tabáquica

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G.M.C.
Acabar con el hábito del tabaco a través de la sanidad pública es uno de los puntos que se recoge en la Ley Antitabaco que aprobó este martes el Gobierno. Un punto sobre el que la ministra de Sanidad hizo hincapié en su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Ministros. «Desde atención primaria se va a impulsar que la gente que quiera dejar de fumar pueda hacerlo», apuntó.

¿Qué es lo que recoge la Ley? Más allá de aumentar las restricciones sobre el tabaco y añadir a estas el resto de nuevos productos derivados que han salido al mercado y se han popularizado en los últimos años (cigarrillos electrónicos, vapeadores, bolsitas de nicotina, etc.), el texto de la ley tiene un enfoque que apela directamente al sistema sanitario, que ya está contemplado en la ley actual y que recoge la posible incorporación del acceso a los tratamientos de cesación tabáquica a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Mónica García sobre la cesación tabáquica: «Desde atención primaria se va a impulsar que la gente que quiera dejar de fumar pueda hacerlo»

La prestación farmacéutica actual ya incluye algunos fármacos para dejar de fumar. La Ley actual ya recoge que el Consejo Interterritorial del SNS «potenciará y promoverá» el acceso a aquellos tratamientos de cesación tabáquica que tengan el aval de la evidencia científica en cuanto a su eficacia y coste-efectividad, «valorando, en su caso, su incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud». Pero esta cartera aún no recoge, de manera específica los programas de deshabituación tabáquica.

La ley actual también recoge la creación de unidades de deshabituación tabáquica, que también se potenciarán en el Interterritorial. El Interterritorial es el órgano que «potenciará» su creación y también lleva la voz cantante a la hora de determinar quienes tendrán prioridad para beneficiarse de estas unidades y de los programas de cesación tabáquica. Así lo expresa la ley, que señala al Consejo Interterritorial como el órgano que «definirá los grupos prioritarios que resulten más vulnerables».

La prestación farmacéutica actual ya incluye algunos fármacos para dejar de fumar

Multas a los padres

En su parte coercitiva, el anteproyecto de Ley establece multas que deberán pagar los padres, madres o tutores legales de los menores que consuman tabaco o productos como los vapeadores. Se considera una falta leve, con multa de 100 euros si se es un hecho aislado, según informa Europa Press.

El nuevo texto prohíbe el consumo de productos del tabaco a las personas menores de edad con el fin de intensificar la protección de la salud de la infancia y adolescencia. En caso de incumplir la normativa, serán los responsables de los menores los que tengan que pagar la sanción.

Es decir la responsabilidad subsidiaria recae en los padres, tutores o guardadores del menor, por tanto son los responsables de sufragar la multa impuesta. Si se trata de un acto puntual y no repetido, se considera leve y se sanciona con máximo 100, aunque el anteproyecto establece un rango de 100 a 600 euros para las infracciones leves.

La Ley establece multas de 100 euros que deberán pagar los padres, madres o tutores legales de los menores que consuman tabaco o productos como los vapeadores

La ley amplía los espacios exteriores sin humos, donde estará prohibido fumar, como conciertos al aire libre, parques infantiles o espacios donde se celebren eventos deportivos. Incumplir la prohibición supondrá una multa de 100 euros si es de forma aislada. Las multas también van a los propios espacios. Por ejemplo, si una discoteca al aire libre permite sistemáticamente fumar en zonas prohibidas o se trata de un lugar de protección reforzada, la multa puede subir a grave o muy grave siendo las cuantías de 601 a 10.000 euro en caso de graves y de 10.001 a 600.000 euros en el caso de muy graves.

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