Redacción
La ministra de Sanidad ha enviado este martes un «requerimiento formal» a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir el registro de objetores, una «herramienta esencial», ha dicho Mónica García, que garantiza los derechos de los profesionales sanitarios, a cuya implantación están obligadas todas las comunidades autónomas, ya que «no es algo opcional ni una ocurrencia, es una obligación legal». Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros ha aprobado iniciar los trámites para llevar el derecho al aborto a la Constitución, lo que implica una reforma de la misma que «no es sencilla», ha avanzado la ministra de Igualdad, Ana Redondo en rueda de prensa.
Un mes para responder a los requerimientos
El Gobierno da un mes de plazo a Madrid, Baleares y Aragón para responder al requerimiento o tomar medidas para cumplir la ley, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales. Durante este tiempo, pueden justificar su situación, informar sobre trámites en curso o corregir el incumplimiento.
Mónica García: «Pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley»
«Después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley«, ha recordado García, quien también ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. También ha advertido de que «saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia».
Tal y como ha explicado, la inmensa mayoría de las comunidades ha cumplido con su obligación de implementar el registro o se encuentra en la fase de trámite, salvo las comunidades de Madrid, Baleares y Aragón. «Son tres comunidades que no han hecho nada, pero sólo la Comunidad de Madrid ha sido la que ha sido explícita en su incumplimiento de la ley», ha señalado.
Doce comunidades tienen sus registros, otras dos están tramitándolos y Madrid, Aragón y Baleares «no han hecho nada», ha dicho Mónica García
Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana e Ingesa (en lo correspondiente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) ya tiene el registro según lo acordado el 16 de diciembre de 2024 el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, de manera unánime.
Además, se ha identificado que tanto Andalucía como Asturias se encuentran en fase de tramitación, según la Dirección General de Ordenación Profesional que, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación.
El aborto, a la Constitución
El Gobierno ha dado luz verde para comenzar a tramitar la modificación que permita incluir en la Constitución el derecho al aborto. La ministra de Igualdad ha señalado que quieren «evitar retrocesos» ante lo que ha calificado de «ola reaccionaria». El ejecutivo ha planteado la modificación del artículo 43 de la Constitución y lo hace mediante el procedimiento que recoge el artículo 167. Este artículo establece cómo se han de hacer los cambios ordinarios: requiere mayorías cualificadas, en concreto, de las tres quintas partes del Congreso y de las tres quintas partes del Senado. «Si no hubiera acuerdo, iríamos a una comisión paritaria, Congreso y Senado, que propondría un nuevo texto», ha avanzado Redondo.
El Ejecutivo ha decidido llevar el trámite de reforma de la Constitución por la vía no urgente y ha pedido al Consejo de Estado su dictamen en dos meses
El Ejecutivo ha decidido llevar el trámite por la vía no urgente y ha pedido al Consejo de Estado su dictamen en dos meses. Si hubiera requerido trámite de urgencia, el órgano tendría que haber dictaminado en quince días. La titular de la cartera de Igualdad ha reconocido que «es un procedimiento complejo», con el que «se inicia la voluntad», pero que el Consejo de Estado tendrá que «técnicamente concretar y aclarar». «Y, por supuesto, serán las Cortes Generales con las vías cualificadas las que, finalmente, hagan el trabajo de incorporar un derecho que ya está reconocido, un derecho que está incorporado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», ha expuesto.
Para incluir el derecho al aborto en la Constitución, el Gobierno propone incluir un nuevo apartado al artículo 43, que recoge el derecho a la salud. La redacción del nuevo apartado dice que «se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».
La redacción del nuevo apartado del artículo 43 explicita que «se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo
Así, la ministra ha añadido que es un «principio interpretativo» que «reconoce la garantía y la prestación del derecho» y aúna «toda la interpretación» que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, Redondo ha dicho que hay «una posibilidad», si lo pide una décima parte del Congreso o una décima parte del Senado, de que se plantee un referéndum de ratificación.
La ministra de Igualdad ha apelado al PP para que se una a la mayoría necesaria para que salga adelante la reforma de la Carta Magna, tras considerar que el principal partido de la oposición «ahora mismo hay dos almas», la que «probablemente se una a esa mayoría necesaria para la reforma» y la que considera que está «en una deriva hacia la utraderecha muy peligrosa». «Yo apelo al Partido Popular de Estado, al Partido Popular que ha gobernado este país y que sabe de la importancia del reconocimiento de los derechos de las mujeres», ha recalcado.
No obstante, Redondo ha avanzado que van a hablar «con todos los grupos» en busca de la aprobación de la reforma, que ha tildado de «esencial». En este mismo punto, ha explicado que el artículo 167 «obliga a mayorías cualificadas». «Y vamos a buscar esas mayorías cualificadas con el diálogo, con los consensos, con la búsqueda de una confluencia de voluntades», ha apuntado.
