Redacción
El Ministerio de Sanidad ha confirmado que trabaja en una ley que transformará el sistema sanitario español. La norma, prevista para principios de 2026, prohibirá los conciertos con empresas privadas que operan con ánimo de lucro. La ministra Mónica García ha explicado que el objetivo es blindar la sanidad pública frente a fondos de inversión y frenar la “mercantilización” de la atención sanitaria. La nueva ley sustituirá a la Ley 15/97, que permitió los conciertos sanitarios. Según García, ese modelo se ha “pervertido” y prioriza beneficios económicos sobre la salud de los pacientes.
La ministra quiere blindar la sanidad pública frente a fondos de inversión y frenar los conciertos sanitarios
Sin embargo, el Gobierno afronta un obstáculo decisivo: no cuenta con mayoría suficiente en el Congreso para aprobar la reforma. La ministra confía en lograr apoyos, pero admite que será necesario negociar con varios grupos parlamentarios. “Es una cuestión de justicia y sostenibilidad”, ha afirmado, apelando al consenso político. La futura norma no eliminará toda colaboración externa, pero sí impedirá acuerdos con compañías que persigan rentabilidad. Modelos como los de Alzira, Torrejón o la Fundación Jiménez Díaz quedarían fuera. “Queremos un sistema que priorice la salud, no el negocio”, ha subrayado García.
El anuncio se produce tras conocerse instrucciones internas en grupos sanitarios privados para rechazar procesos no rentables. Para la ministra, estas prácticas demuestran que el modelo actual genera desigualdad y pone en riesgo la equidad. “No podemos permitir que la rentabilidad decida quién recibe tratamiento”, ha insistido. Además, García ha instado a las comunidades autónomas a colaborar en la transición. Ha señalado que la Comunidad Madrid sale bien en las listas de espera quirúrgica y no en las de consultas y en las de diagnósticos, ni en las de tiempo de espera, ni en las de número de pacientes esperando «porque esas dos listas no se pueden maquillar«. «Sabemos que en diciembre y en junio, que es cuando se publican esas listas, hay material con ingeniería estadística«, admite.
La ministra confía en lograr apoyos, pero admite que será necesario negociar con varios grupos parlamentarios
El Gobierno prevé llevar la propuesta al Consejo de Ministros a comienzos de 2026. Pero la falta de mayoría parlamentaria convierte la reforma en un reto político. Si no logra apoyos, la ley podría quedar bloqueada, prolongando un modelo que el Ministerio considera “ineficaz y opaco”. La ministra lamenta que se haya «pervertido» la colaboración público-privada en una «parásita«. «Vamos a abrir todos los frentes posibles. Vamos a ir a tanto como ministerio y como grupo político Más Madrid en la Comunidad de Madrid a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes, porque creemos que aquí hay un claro perjuicio en la salud de los pacientes«, ha insistido,
Los partidos como PSOE, SUMAR y Unidas Podemos, apoyan la idea de limitar la colaboración público-privada, aunque con diferencias. Unidas Podemos exige la derogación total de la Ley 15/97 y rechaza cualquier fórmula que permita conciertos sanitarios. El PSOE, en cambio, apuesta por una modificación que restrinja el ánimo de lucro, pero mantenga excepciones en casos puntuales. Por su parte, el Partido Popular se opone frontalmente a la propuesta. Defiende los conciertos como herramienta para reducir listas de espera y mejorar la eficiencia, acusando al Gobierno de ideologizar la sanidad. VOX comparte el rechazo y considera que la colaboración público-privada es esencial para aliviar la presión asistencial, reclamando transparencia.
