Fátima del Reino Iniesta
La violencia contra las mujeres y los niños constituye una de las amenazas más relevantes y menos priorizadas para la salud pública global. Así lo pone de manifiesto un análisis sistemático del Estudio Global de la Carga de Enfermedades 2023 (GBD 2023), publicado en The Lancet, que cuantifica de forma comparativa la carga de enfermedad atribuible a la violencia de pareja íntima (VPI) contra mujeres y a la violencia sexual contra menores (SVAC) en 204 países y territorios entre 1990 y 2023.
Los autores subrayan que, pese a su elevada prevalencia y a sus consecuencias duraderas, estas formas de violencia no han sido tratadas históricamente como factores de riesgo sanitario prioritarios, lo que ha limitado la inversión en prevención y en apoyo a las personas supervivientes. El estudio aborda esta brecha mediante estimaciones comparables de prevalencia y de años de vida ajustados por discapacidad (DALY), una medida clave del impacto sanitario.
A nivel global, en 2023, 608 millones de mujeres de 15 años o más habían sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, mientras que 1.010 millones de personas habían experimentado violencia sexual durante la infancia, tanto hombres como mujeres. Estas exposiciones se traducen en una pérdida sustancial de salud, con 18,5 millones de DALY atribuibles a la violencia de pareja intima en mujeres y 32,2 millones de años de vida ajustados por discapacidad atribuibles a la violencia sexual contra menores en ambos sexos.
La violencia de pareja y la violencia sexual infantil causan más de 50 millones de años de vida perdidos por muerte prematura y discapacidad
El impacto se refleja especialmente en mujeres jóvenes. En el grupo de edad de 15 a 49 años, la violencia de pareja íntima y la violencia sexual en la infancia se situaron como el cuarto y quinto factor de riesgo principal de pérdida de salud, respectivamente. Este posicionamiento coloca a la violencia al mismo nivel que otros determinantes clásicos de la carga global de enfermedad y refuerza su consideración como un problema central de salud pública.
Más de 1.000 millones de personas sufrieron violencia sexual durante la infancia
Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio se refiere a la magnitud y al impacto sanitario de la violencia sexual en edades tempranas. El análisis estima que 1.010 millones de personas de 15 años o más habían sufrido violencia sexual antes de los 18 años, una exposición que se asocia con 32,2 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Los autores subrayan que los efectos de esta violencia no se limitan a la infancia, sino que se prolongan durante la vida adulta, condicionando la salud física y mental a largo plazo.
Entre los resultados de salud vinculados a la SVAC destacan las autolesiones y la esquizofrenia, responsables de una parte sustancial de la carga atribuible, junto con otros trastornos mentales, trastornos por consumo de sustancias, enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas. El análisis también apunta a asociaciones relevantes con enfermedades no transmisibles, como la diabetes tipo 2, lo que amplía el espectro tradicionalmente reconocido de consecuencias sanitarias de la violencia en la infancia.
La salud mental como principal vía de impacto
El estudio confirma que los trastornos de salud mental concentran la mayor parte de la carga sanitaria asociada tanto a la VPI como a la SVAC. En el caso de la violencia de pareja íntima, los trastornos de ansiedad y el trastorno depresivo mayor fueron las principales causas de DALY atribuibles, con 5,43 y 3,96 millones respectivamente en 2023. Para la violencia sexual en la infancia, el número de resultados de salud asociados se amplía hasta 14, lo que supone un avance metodológico significativo respecto a ediciones previas del GBD.
Los trastornos mentales concentran la mayor parte de la carga sanitaria atribuible a estas formas de violencia
Además de la discapacidad, la violencia contribuye de forma notable a la mortalidad prematura. El análisis estima que casi 30.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en 2023, y destaca que una proporción considerable de las muertes atribuibles a la VPI y a la SVAC está relacionada con autolesiones y VIH, superando en algunos contextos a los homicidios directos. Estos patrones afectan de manera desproporcionada a jóvenes y adultos en edades productivas, con implicaciones sociales y económicas de gran alcance.
Desigualdades, subregistro y retos para los sistemas sanitarios
El estudio identifica importantes desigualdades geográficas en la carga de enfermedad atribuible a la violencia, con tasas especialmente elevadas en África subsahariana, aunque también relevantes en regiones de altos ingresos. No obstante, los autores advierten de que el estigma, la infradeclaración y las limitaciones en los sistemas de información sanitaria probablemente conducen a una subestimación del impacto real, especialmente en contextos con menor capacidad de diagnóstico y seguimiento de los problemas de salud mental y otras enfermedades asociadas.
El estigma y la infradeclaración contribuyen a subestimar el impacto real de la violencia
En la interpretación de los resultados, los autores del estudio subrayan de forma explícita que la violencia de pareja íntima y la violencia sexual en la infancia deben ser consideradas prioridades de salud pública, al tratarse de riesgos evitables con un impacto sanitario comparable al de otros determinantes ampliamente reconocidos. Según señalan, invertir de forma sostenida en la prevención de estas formas de violencia y en el apoyo integral a las personas supervivientes tiene el potencial de evitar millones de años de vida perdidos por muerte prematura y discapacidad cada año.
El trabajo destaca que las estrategias de respuesta no pueden limitarse al ámbito judicial o social, sino que deben integrarse plenamente en las políticas sanitarias. En este sentido, los autores defienden la necesidad de incorporar la prevención de la violencia y la atención a las supervivientes en los programas de salud pública, especialmente en aquellos dirigidos a la salud mental, la prevención de las autolesiones, el abordaje del consumo de sustancias y el control de enfermedades infecciosas como el VIH.
La carga sanitaria de la violencia presenta importantes desigualdades geográficas entre regiones
Asimismo, el estudio advierte de que la baja priorización presupuestaria contrasta con la magnitud de la carga sanitaria asociada a la violencia, y señala que actualmente menos del 1% del gasto global en ayuda se destina a la violencia de género. Para los investigadores, esta brecha limita la capacidad de los países para implementar medidas de prevención eficaces y para ofrecer una atención adecuada a las complejas necesidades sanitarias y sociales de las supervivientes.
En conjunto, los autores concluyen que reconocer la violencia contra mujeres y menores como un determinante clave de la salud es imprescindible para reducir la carga global de enfermedad, prevenir muertes prematuras y mejorar el bienestar de las poblaciones. En su opinión, elevar estos riesgos en la agenda sanitaria global no solo es una cuestión de derechos humanos, sino una condición necesaria para avanzar hacia sistemas de salud más equitativos y sostenibles.
