Redacción
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han criticado que el Ministerio de Sanidad traslade a las comunidades la responsabilidad del Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS), tras un proceso que califican de unilateral y carente de rigor técnico. Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía reprochan a la ministra Mónica García que haya avanzado con preacuerdos parciales, sin memorias técnicas, jurídicas y económicas, y excluyendo de la negociación a los sindicatos médicos, para posteriormente solicitar el posicionamiento de las autonomías.
Las críticas se han formalizado a través de cartas remitidas al Ministerio en respuesta al escrito enviado esta semana por Sanidad a las comunidades autónomas, en el que se les pedía pronunciarse sobre las reivindicaciones planteadas por el comité de huelga médica en relación con el Estatuto Marco.
Madrid denuncia un «guirigay» y apela a la responsabilidad institucional
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sido especialmente dura con la gestión del Ministerio. En declaraciones a los medios desde la Consejería, ha acusado a la ministra de haber generado «un guirigay» con el Estatuto Marco y de enfrentar a la profesión sanitaria para, posteriormente, apelar a las comunidades autónomas bajo el argumento de que se trata de competencias transferidas.
«Desde luego lo que no puedes hacer es, una vez que has montado el guirigay, que has roto el juguete, de repente los trozos se los pongo en la habitación a mi hermano para decir que es culpa suya», ha afirmado Matute, en referencia a la carta remitida por el Ministerio.
La consejera madrileña ha señalado que no permitirá que se «manosee y se utilice» a las comunidades autónomas como «un instrumento de confrontación» ante «lo más preciado, los profesionales sanitarios». En este contexto, ha expresado su apoyo a los médicos que han convocado huelga para reclamar un Estatuto Marco propio y ha defendido que se les haya excluido del proceso negociador.
Matute ha vuelto a criticar la gestión de Sanidad a la hora de abordar el nuevo Estatuto Marco y reprocha a la ministra que no haya tenido «habilidades para negociar o para hablar»
«Yo estoy al lado de los médicos, yo soy médico, y creo que es una vergüenza que se les haya sacado de la negociación y que no se hayan tenido habilidades para negociar o para hablar», ha señalado, insistiendo en que se trata de «una categoría profesional que sostiene el Sistema Nacional de Salud».
Matute ha advertido de que se está haciendo «un daño irreparable al mayor tesoro, que es el Sistema Nacional de Salud» y ha alertado de que, si no se escuchan las reivindicaciones médicas, el texto «no saldrá adelante y se convertirá en un motivo de conflicto, de caos, de guerracivilismo, de enfrentamiento y de una huelga que va a perjudicar a todo el mundo». En este sentido, el anterior paro causó un perjuicio de cuatro millones de euros y afectaron a más de 30.000 personas en la región.
Filtraciones, redes sociales y ausencia de cauces oficiales
En la carta remitida a la ministra, la consejera madrileña también recrimina que el Ministerio haya destacado el «papel fundamental» de las comunidades autónomas en el proceso cuando, a su juicio, «la realidad ha sido bien distinta». En concreto, afea las «filtraciones o anuncios» en redes sociales de los sucesivos borradores del Estatuto Marco y la falta de información «a través de los cauces oficiales».
Madrid considera necesario retirar el borrador actual y negociar desde cero un nuevo Estatuto Marco consensuado con las comunidades autónomas. En este contexto, Matute ha defendido que el proceso debe partir de un diagnóstico previo del sistema sanitario, marcado por la falta de recursos humanos y la infrafinanciación. «En el 2030 vamos a necesitar 45.000 médicos», ha advertido, aludiendo también a los problemas en la homologación de títulos extracomunitarios y a las dificultades en la convocatoria MIR.
La Comunidad Valenciana pide «rectificar el rumbo»
Desde la Comunidad Valenciana, el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, ha instado a la ministra a que «rectifique el rumbo y abandone una gestión claramente sectaria del proceso» del Estatuto Marco. En su carta, Gómez critica que tanto el contenido como la forma de la comunicación del Ministerio «parecen responder más a una estrategia de proyección mediática que a un verdadero ejercicio de cooperación institucional».
El conseller niega que las comunidades autónomas hayan tenido un papel real en el proceso, al asegurar que los borradores se han conocido «bien a través de filtraciones, bien mediante anuncios realizados en redes sociales, pero no a través de los cauces formales de colaboración institucional». Asimismo, se muestra «sorprendido» por la afirmación de que determinadas reivindicaciones del colectivo médico exceden el ámbito del Estatuto Marco, cuando, según señala, «las medidas anunciadas por el propio Ministerio también exceden ese marco en igual o mayor medida».
Murcia y Andalucía rechazan una negociación incompleta
En términos similares se ha pronunciado el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, quien ha reclamado a la ministra que «rectifique el rumbo y abandone una gestión claramente sectaria». Pedreño recuerda que desde el pasado verano las comunidades han solicitado que cualquier propuesta venga acompañada de su correspondiente memoria técnica, jurídica y económica, sin que hasta la fecha se haya confirmado su existencia.
Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, gobernadas también por el PP, han instado a que Mónica García deje de actuar «de forma unilateral», lo que lleva a un «clima de enfrentamiento»
«No resulta institucionalmente aceptable ni compatible con el principio de lealtad entre administraciones haber avanzado de forma unilateral», advierte el consejero murciano, que rechaza que ahora se pretenda trasladar a las comunidades la responsabilidad de una situación caracterizada por «la falta de rigor, la ausencia de informes y un evidente clima de enfrentamiento».
Por su parte, el consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha lamentado que el proceso no haya respondido «a los estándares de colaboración que deberían presidir una reforma de esta envergadura». En su carta, rechaza que, tras una «negociación incompleta», se pretenda que las comunidades asuman las consecuencias de decisiones adoptadas sin consenso ni respaldo técnico.
Memorias técnicas y corresponsabilidad financiera
Las cuatro comunidades gobernadas por el PP coinciden en señalar que una reforma del Estatuto Marco debe abordarse de forma coordinada con Hacienda, Función Pública y Trabajo, dada la incidencia directa de las medidas propuestas en la planificación de recursos humanos, la organización de los servicios de salud y la financiación autonómica.
En este sentido, insisten en que están dispuestas a analizar todas las iniciativas, siempre que vayan acompañadas de las memorias necesarias y se articulen desde el respeto competencial, la transparencia y el rigor técnico.
Las comunidades reiteran finalmente su voluntad de diálogo y cooperación institucional, pero advierten de que no pueden asumir responsabilidades derivadas de un proceso que, a su juicio, ha generado incertidumbre y tensión en el Sistema Nacional de Salud.
