J. L. G.
Las principales entidades que representan los intereses del sector sanitario privado han expresado su disconformidad con lo que plantea el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que ha dado a conocer este martes el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El texto endurece los requisitos para que se pueda ceder la gestión de centros públicos a organizaciones privadas. Se busca, así, en esencia, limitar el papel que tienen las empresas privadas en la gestión de centros y recursos públicos, ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García. Una visión que para nada comparten ni el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ni la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
Para IDIS, limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y facilitar la reversión de los conciertos de gestión privada de los servicios públicos puede suponer “un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria”. Defienden el modelo de colaboración público-privada en España, que permite “entre otras cosas, aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes”. Punto que la ministra no ve así, ya que precisamente ha justificado este anteproyecto como forma de “poner coto a aquellos empresarios que dicen sin tapujos que engrosan las listas de espera para hacer más negocio”.
Ambas patronales coinciden en que esta ley puede repercutir de manera negativa en la accesibilidad y eficiencia del sistema sanitario
ASPE se muestra más crítica con este anteproyecto, que califica de “ataque dogmático a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas” y que nace “con el declarado objetivo de prohibir, limitar y/o condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico desde hace tres décadas ha puesto legítimamente a su alcance”.
Al respecto, IDIS añade que la colaboración es una herramienta “clave” para mejorar la accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario, “siempre con el objetivo de ofrecer soluciones concretas y eficaces a los retos que enfrenta la sanidad” en España. Por lo que aboga por un marco consensuado “en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios fundamentales”.
“Reconsideración inmediata”
Para la patronal ASPE el texto debe someterse a una “reconsideración inmediata” mediante la “apertura de un diálogo real” para apuntalar un marco sanitario “basado en la evidencia asistencial”, señalan. “La sanidad no puede abordarse desde dogmas, debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes”, añade la presidenta de ASPE, Herminia Rodríguez.
La organización califica esta ley “parte de un planteamiento ideológico” sin un proceso de reflexión “riguroso”, algo que queda patente a su juicio en la reducción “de forma arbitraria” de los modelos de gestión sanitaria indirecta disponibles para los gobiernos autonómicos, “pese a que estos han demostrado su eficacia en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta asistencial”.
De entre los puntos que detalla el anteproyecto, suscita “especial preocupación” la prohibición definitiva de los modelos de concesión administrativa, “un instrumento ampliamente utilizado en las democracias más avanzadas para canalizar recursos privados hacia la creación de infraestructuras sanitarias bajo titularidad y control públicos”, en referencia a países como el Reino Unido, Alemania o Australia.
La limitación puede generar “más problemas” a la pública
Por parte de IDIS, se enfocan en trabajar “activamente para asegurar todas las herramientas que son clave para la sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario, entre las que se encuentra la colaboración público-privada”. Al respecto, instan a que “cualquier reforma o modificación” debe atenerse a criterios “que favorezcan a los pacientes y que no pongan en peligro la accesibilidad o la eficiencia del sistema”.
E insisten desde la Fundación que es “importante y necesario” contar con prácticas de gestión de los recursos de la administración pública “que permitan incrementar la productividad y la eficiencia” con el objetivo de cumplir con los desafíos sanitarios y los objetivos de salud de nuestra sociedad.
Una ley “sin efecto” para Madrid
Las reacciones también han llegado desde la Comunidad de Madrid, cuyo Ejecutivo se siente directamente atacado por esta medida, como han expresado su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha señalado que aunque salga adelante este anteproyecto “no tiene ningún efecto sobre otras concesiones existentes, por lo que eso que habla de que va a controlar las concesiones de Madrid no es real”.
