J. L. G.
La incapacidad temporal (IT) en España es motivo de un millón de bajas diarias o, lo que es lo mismo, de que 1 de cada 20 trabajadores en activo no vaya a su puesto. Y lo hace principalmente por dos tipos de patologías: las musculoesqueléticas y, cada vez más, la salud mental. Sea cual sea la causa, la gestión de las bajas y las altas de estos trabajadores recae sobre los profesionales encargados de ejecutarlas en el sistema, los médicos de atención primaria. Esta es una de las principales cargas burocráticas que tienen hoy en las consultas de los centros de salud.
“El sistema ahora no es sólido, ni eficiente ni estable”, sentencia la exsecretaria de Estado de Empleo y catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Yolanda Valdeolivas García. Que además avisa de un “problema de sostenibilidad a medio plazo” que, en su opinión, es “irresoluble” con los instrumentos que tiene actualmente el modelo. Lo que genera tensiones de todo tipo: económicas, organizativas, sociales y sanitarias.
Postura que comparte el Dr. José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), quien recuerda que “los médicos de familia soportan un exceso de tareas administrativas innecesarias que no aportan valor clínico”. Lejos de reducirse, el Dr. Polo advierte de que la gestión de incapacidades temporales tiene un “peso creciente en la actividad diaria de los centros de salud”, que podría aumentar aún más debido a la cronificación de estas situaciones y al cambio de tendencia en las bajas relacionadas con la salud mental.
Alberto Giménez, presidente de la Fundación Economía y Salud, ha recordado que “rara es la semana donde no se publica un artículo, un informe o un análisis sobre la incapacidad temporal y las consecuencias para la salud de los ciudadanos y la eficiencia del sistema”
De hecho, según un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), las bajas por enfermedades mentales presentan las mayores duraciones medias, con un incremento de 67 días en 2017 a 98,5 días en 2024. Este organismo habló de “deficiencia estructural” en la gestión de la incapacidad temporal tras aumentar estas un 60% entre 2017 y 2024 y un 15% la duración media. Todo ello ha hecho que el gasto que destina la Seguridad Social a estas bajas se triplique en la última década.
Es, por tanto, un tema “de actualidad”, concluye Alberto Giménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud (FES), que este viernes ha celebrado una jornada, ‘La Incapacidad Temporal en España: Sostenibilidad, equidad y gobernanza en tiempos de cambio’, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
“Rara es la semana donde no se publica un artículo, un informe o un análisis sobre la incapacidad temporal y las consecuencias para la salud de los ciudadanos y la eficiencia del sistema”, añade, y avanza que las conclusiones y propuestas surgidas durante la mañana se pondrán a disposición de las administraciones públicas y de los agentes sociales como base para una futura reforma integral de la incapacidad temporal en España. Consiste en lo que el Dr. Vicente Pallarés Carratalá, coordinador de la Jornada y profesor Titular de Medicina en la Universitat Jaume I (Castellón) y vocal de la Junta Directiva de Semergen resume en “avanzar hacia un modelo más sostenible, equitativo y accesible” y actualizar el marco normativo, “con mejores herramientas de información e integrar la perspectiva del trabajador y los profesionales”.
“España lidera la incidencia de incapacidad temporal en el mundo”
Valdeolivas ha sido tajante durante su conferencia: “España lidera la incidencia de incapacidad temporal en el mundo. No hablamos de un problema menor, es urgente y hace falta buscar soluciones”. Para reforzar esa idea, advierte de que si se correspondiese con enfermedades reales, nuestro país afrontaría “un grave problema de salud pública”, aunque no cree que sea proporcional el número de incapacidades con el de patologías, más teniendo en cuenta los perfiles conocidos como hiperfrecuentadores, que se estima representan al 25% del total de los trabajadores en ese estatus (el 7% para la Airef), pero que acumulan la mitad de las bajas que se gestionan (50%).
En concreto, la incapacidad temporal supone el segundo mayor componente de gasto de la Seguridad Social, con 16.500 millones de euros en 2024, solo por detrás de las pensiones, en un contexto de fuerte aumento de la incidencia, la duración de los procesos y la presión sobre la atención primaria.
Entre 2017 y 2024, los episodios por contingencias comunes han pasado de 4,7 a casi 8,6 millones, con un incremento acumulado de la incidencia cercano al 60%. Con estos datos sobre la mesa, el Dr. Polo reclama a las diferentes administraciones “la adecuación de la legislación y la normativa vigente para reducir la burocracia que asumen los profesionales y avanzar hacia una verdadera desburocratización de la medicina de familia”.
De cara a revertir esta situación, el final de la jornada se dedicó a exponer una serie de propuestas para el futuro inmediato, entre las que Cristina Estévez (UGT), Daniel García (INSS) y Vicente Martín (Semergen) mencionaron la necesidad de redefinir el papel del INSS en este modelo, introducir la incapacidad temporal a tiempo parcial o simplificar los trámites administrativos y reducir la carga burocrática para trabajador y médico.
