Redacción
Mónica García ha vuelto a defender que el registro de objetores no es una «lista negra”, como afirma Isabel Díaz Ayuso. Para ella es una herramienta de gestión necesaria. Insiste en que el registro sirve para «conocer qué centros realizan las intervenciones, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión se adoptan para que el servicio sea efectivo«. En la Comisión de Sanidad ha concluido con una frase lapidaria: «Iremos hasta el final para que ninguna mujer en Madrid sea enviada a la clandestinidad o a otra comunidad para ejercer su derecho«.
Mónica García ha amenazado con inhabilitar a Isabel Díaz Ayuso si no cumple la orden de creación del registro de objetores
La Comisión de Sanidad del Congreso ha servido para que Mónica García recuerde las consecuencias penales de la rebeldía institucional de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido muy específica al citar la vía penal como respuesta al bloqueo del registro de médicos objetores en Madrid. Sus palabras han subrayado que el desacato a la justicia tiene un precio: «La señora Ayuso debe entender que cumplir la ley y acatar las resoluciones judiciales no es opcional, es la base de nuestra democracia». El artículo 410 del Código Penal es muy claro: «la negativa a dar cumplimiento a resoluciones judiciales puede derivar en multas y, lo que es más grave, en la inhabilitación especial para empleo o cargo público«.
La ministra ha querido enfatizar que Madrid es una excepción dentro del panorama nacional, utilizando una retórica tajante: «Es la señora Ayuso contra el mundo, incluso contra su propio partido y contra las leyes. Todas las comunidades han avanzado excepto Madrid, donde el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a la sanidad privada por su empeño personal en obstaculizar un derecho</em>». Además, ha calificado la postura de la Comunidad de Madrid como un ejercicio de «trumpismo» y «fanatismo de ultraderecha» contra los derechos de las mujeres.
La ministra de Sanidad insiste en que las interrupciones de embarazo tienen que hacerse en la sanidad pública
Este enfrentamiento se produce poco después de que el TSJM dictara una medida cautelar exigiendo a Madrid la creación inmediata del registro de médicos objetores. Díaz Ayuso recurrió la medida, acusando al Ministerio de querer «señalar» a los médicos objetores del aborto. Es lo que ha provocado esta reacción de la ministra recordando la posibilidad de inhabilitación.
Artículo 410.1
El Artículo 410 del Código Penal español es el precepto fundamental que regula el delito de desobediencia cometida por autoridades o funcionarios públicos. Es el artículo al que ha hecho referencia la ministra para advertir sobre las posibles consecuencias de no aplicar el registro de objetores. El texto dice: «Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
El artículo exige una negativa abierta, y en el contexto jurídico actual, si el TSJM ha dictado una medida cautelar de obligado cumplimiento. Por tanto, la administración, si se niega a ejecutarla de forma reiterada, podría entrar en este supuesto. Sin embargo, la defensa de la presidenta de la Comunidad se basa en que crear el registro sería, en sí mismo, ilegal o inconstitucional. El argumento central es que el registro atenta contra el Artículo 16.2 de la Constitución Española, que establece: «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias«.
La Constitución Española establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias
Díaz Ayuso sostiene que exigir a los médicos inscribirse en un registro de objetores supone obligarles a revelar sus convicciones íntimas ante la Administración. El Gobierno regional advierte que estas listas oficiales podrían derivar en «listas negras» que perjudiquen la carrera profesional de los facultativos. El Gobierno regional sostiene que estos registros pueden convertirse en «listas negras» que afecten a la carrera de los médicos que decidan objetar.
