Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en su dimensión prestacional y remitir el texto al Congreso de los Diputados. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Sanidad, busca garantizar el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.
La reforma incorpora un nuevo apartado 4 al artículo 43 con el siguiente tenor literal: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio».
La reforma añade un apartado 4 al artículo 43 para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad real y efectiva
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la solidez jurídica del texto. «Incorporamos en el artículo 43 un nuevo párrafo que ha sido validado por el Consejo de Estado, que considera que la propuesta que se hace, con algunas modificaciones que desde luego hemos acogido, es completamente constitucional», ha asegurado.
El Ejecutivo pone el acento en la garantía asistencial dentro de la sanidad pública. En este sentido, Redondo ha subrayado: «Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, es lo que está en riesgo».
El Gobierno sitúa el foco en las prestaciones y servicios necesarios dentro de la sanidad pública
La ministra ha diferenciado esa dimensión prestacional de la dimensión de libertad del derecho. Según ha explicado, «no está en riesgo la dimensión de libertad de este derecho» porque el Tribunal Constitucional «deja claro» que la dimensión individual de las mujeres «está conectada íntimamente con la dignidad de la persona humana, con el libre desarrollo de su personalidad». La nota oficial del Gobierno también incide en que esa libertad de decisión queda protegida por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional .
El nuevo texto incorpora las observaciones formuladas por el Consejo de Estado. El Gobierno sostiene que la reforma refuerza la obligación de los poderes públicos de asegurar el ejercicio de la IVE con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios, con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y garantizar condiciones sanitarias apropiadas en todo el país .
En su dictamen, el Consejo de Estado ha respaldado la incorporación expresa de este derecho en la Constitución, aunque ha introducido consideraciones sobre la ubicación elegida para la reforma. En concreto, ha cuestionado que la elección del artículo 43 pudiera vincularse a la mayor facilidad del procedimiento previsto en el artículo 167 de la Constitución y advirtió de que el procedimiento de reforma debe ser consecuencia del contenido escogido, y no su causa.
La ministra Ana Redondo admite una tramitación parlamentaria compleja, pero defiende que el texto es «completamente constitucional»
A partir de ahora, la tramitación continuará por la vía del artículo 167 de la Constitución. La reforma necesitará una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. Si no hubiera acuerdo entre ambas cámaras, se constituiría una Comisión Mixta Congreso-Senado para elaborar un nuevo texto. Si persistiera el desacuerdo, la iniciativa aún podría aprobarse por mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado .
Redondo ha reconocido que la tramitación parlamentaria «se presenta compleja», aunque ha defendido la capacidad de acuerdo del Ejecutivo. «Hemos alcanzado importantísimos acuerdos», ha destacado, en referencia al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La ministra ha añadido que «el diálogo y la negociación será la cuestión fundamental para llegar a un buen acuerdo».
En clave política, la titular de Igualdad insistió en que el objetivo del Gobierno es «blindar lo que está en riesgo» y sostuvo que ese riesgo ya se ha puesto de manifiesto en Madrid y en comunidades autónomas como Castilla y León. «El riesgo es cierto», ha subrayado.
Preguntada por la posición del PP, Redondo ha elevado la presión sobre los populares: «El PP tiene que valorar a quién se debe, si se debe a una idea sin más o si se debe a sus propias mujeres, a sus votantes y, en definitiva, a mejorar y a avalar y a garantizar los derechos de las mujeres». Con esta reforma, el Ejecutivo defiende que España refuerza el reconocimiento jurídico y sanitario de la interrupción voluntaria del embarazo y da un paso más para consolidar su acceso efectivo dentro del sistema público de salud
