Fátima del Reino Iniesta
La huelga médica contra la reforma del Estatuto Marco ha escalado este martes con nuevas cancelaciones asistenciales y una creciente presión política sobre la ministra de Sanidad, Mónica García. El conflicto entra en una fase de mayor tensión institucional, con el foco ya puesto directamente en el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, tras la insistencia del Comité de Huelga en que asuma personalmente la negociación.
La jornada ha estado marcada por el endurecimiento del discurso desde varios frentes. Por un lado, los sindicatos mantienen que la ministra ha dejado de ser una «interlocutora válida» y reclaman una negociación «real» sin líneas rojas. Por otro, comunidades autónomas y partidos políticos han elevado el tono ante el impacto asistencial de los paros.
El Comité de Huelga mantiene su apelación directa a Pedro Sánchez para que asuma personalmente la negociación
En Baleares, la consellera de Salud, Manuela García, ha pedido la dimisión de Mónica García durante el pleno del Parlament, en respuesta a las críticas de la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió por el «caos sanitario» en las urgencias, que, a su juicio, «es una norma». La consellera ha reprochado a la diputada que «no le importe» el impacto de la huelga en consultas, cirugías y pruebas.
También desde el ámbito político nacional se intensifican las críticas. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido a Pedro Sánchez que asuma la negociación con los médicos al considerar que la ministra «no está acertando» y podría situar este conflicto «en lista de espera de sus prioridades».
Los sindicatos mantienen que la ministra ha dejado de ser una «interlocutora válida»
En paralelo, el Comité de Huelga insiste en que el conflicto «ya excede» al Ministerio de Sanidad y se ha convertido en «una cuestión de Gobierno». Reclama la apertura inmediata de una negociación «seria», con interlocutores con capacidad real de decisión, y advierte de que la situación ha alcanzado un punto en el que no habrá solución sin cambios en el nivel de interlocución.
Mientras tanto, las comunidades autónomas continúan cuantificando el impacto asistencial de los paros. En la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad cifra en más de 11,7 millones de euros el impacto económico acumulado desde diciembre. Según los datos oficiales, se han suspendido 7.357 cirugías, 152.185 consultas y 15.372 pruebas diagnósticas, con especial incidencia en hospitales públicos.
Madrid cifra en más de 11,7 millones de euros el impacto económico acumulado desde diciembre
En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud registró este lunes 15.862 consultas externas suspendidas, 3.716 pruebas diagnósticas y 922 intervenciones quirúrgicas sin realizar, con un impacto económico de 6,8 millones de euros. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado a Pedro Sánchez que de manera «inmediata se siente a negociar» para poner fin a una huelga que, según ha afirmado, está causando «daño» al sistema sanitario.
En Canarias, el Sindicato de Empleados Médicos ha ampliado la huelga autonómica a cinco días ante la falta de avances en la negociación con el Servicio Canario de Salud. El sindicato sostiene que los responsables sanitarios «son los únicos culpables de esta deplorable situación», mientras que la Consejería sitúa el seguimiento del paro en el 13,11%.
Seguimiento de la huelga
Con los datos disponibles al cierre de esta información, el seguimiento de la huelga vuelve a evidenciar una fuerte divergencia entre las cifras aportadas por las administraciones y las de las organizaciones sindicales, una constante desde el inicio del conflicto.
En la Comunidad Valenciana, esta brecha es especialmente significativa: el sindicato Cesmcv sitúa el seguimiento en el 90%, mientras que la Conselleria de Sanidad lo rebaja al 8,40%, apenas un punto por encima del registrado en la jornada anterior. Esta diferencia de más de 80 puntos refleja la disparidad metodológica en el cálculo del seguimiento, condicionada en gran medida por los servicios mínimos.
En la Comunidad Valenciana, Cesmcv sitúa el seguimiento en el 90%, frente al 8,40% de la Conselleria
Una situación similar se repite en Baleares, donde el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) habla de un seguimiento de entre el 70% y el 75% en servicios considerados estratégicos como anestesia y radiología, con un 40% en atención primaria, mientras que no hay una cifra oficial única consolidada al cierre.
En el resto de comunidades, los datos oficiales sitúan el seguimiento en niveles moderados o bajos. En Andalucía, el paro alcanza el 19,94%, con diferencias entre provincias que van desde el 12,55% en Jaén hasta el 26,49% en Huelva. En Galicia, la Consellería de Sanidade lo cifra en el 17,39%, mientras que en Extremadura el seguimiento es del 18,16%.
Castilla y León registra un seguimiento medio del 16%, con mayor incidencia en atención hospitalaria
Castilla y León registra un seguimiento medio del 16%, con mayor incidencia en Atención Hospitalaria (20%) que en atención primaria (9%), lo que apunta a un impacto más acusado en la actividad hospitalaria. En Aragón, el seguimiento se sitúa en el 8,58%, con 337 profesionales en huelga de un total de 3.928 efectivos.
En Canarias, el seguimiento alcanza el 13,11% entre los profesionales convocados, mientras que en Ceuta y Melilla, según Ingesa, se queda en el 5,1%, con 29 facultativos en huelga de un total de 565.
Más allá de las cifras, el impacto asistencial se traduce en miles de actos médicos suspendidos en todo el país, con especial incidencia en consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas programadas. Un escenario que preocupa a las comunidades autónomas, responsables de la gestión directa de los servicios sanitarios, en un contexto ya tensionado por las listas de espera.
Sin avances en la negociación y con las posiciones cada vez más alejadas, el conflicto entra en una fase de mayor desgaste político y asistencial, sin visos de resolución inmediata y con nuevas jornadas de huelga y movilizaciones previstas en los próximos días.
