F.D.R.
El caso de una presunta alteración de las listas de espera quirúrgicas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal ha vuelto a poner el foco sobre la transparencia y trazabilidad de estos registros. Según una investigación publicada este martes por el diario El País, 57 pacientes del servicio de cirugía ortopédica y traumatología pasaron de prioridad preferente a normal entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025.
El cambio supone una diferencia relevante en los tiempos establecidos para una intervención. Los pacientes considerados preferentes deben ser operados antes de 90 días, mientras que en los clasificados como normales el plazo se amplía hasta los 180 días. Según la información publicada, los cambios se realizaron en el sistema informático sin una nueva valoración presencial y sin consultar a los cirujanos que habían establecido inicialmente la prioridad clínica.
La información del artículo asegura haber accedido a documentos internos y correos y haber hablado con cuatro médicos del servicio. La mayoría de los pacientes afectados acumulaba entre 80 y 140 días de demora. Al pasar de preferentes a normales, aquellos que superaban los 90 días dejaban de incumplir el objetivo temporal asociado a la primera categoría.
Amyts advierte de que estas prácticas no son exclusivas de la Comunidad de Madrid y apunta a un problema que afecta al conjunto del SNS
Según el diario, el Hospital Universitario Ramón y Cajal niega haber cometido irregularidades y sostiene que ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente modificaciones individuales de las listas de espera quirúrgicas. Tras remitir el hospital las consultas de iSanidad a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, este medio no había recibido respuesta al cierre de este artículo.
«Esto no es un problema específico de la Comunidad de Madrid»
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) considera que el problema trasciende lo ocurrido en el Ramón y Cajal. Su secretaria general, Ángela Hernández, asegura que las informaciones conocidas no resultan sorprendentes para el sindicato. «Sabemos que es algo que hacen prácticamente la totalidad de los centros para ocultar datos negativos a la consejería y, desde luego, es algo que nos tememos que hacen muchas consejerías para ocultar datos al ministerio», afirma Hernández.
La secretaria general de Amyts rechaza que se trate de una cuestión exclusiva de la sanidad madrileña. «Esto no es algo privativo y un problema específico de la Comunidad de Madrid, sino que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud», señala.
Hernández pone además el foco sobre la finalidad de los indicadores utilizados para evaluar la gestión sanitaria. A su juicio, el problema aparece cuando el cumplimiento de estos objetivos deja de servir para mejorar la asistencia y pasa a condicionar la presentación de los resultados. «Creo que deberíamos reflexionar todos que los indicadores están para facilitar gestionar la sanidad, no para que los gestores manipulen esos datos para tratar de quedar bien con sus superiores y no poner en riesgo su silla», sostiene.
Ángela Hernández: «Lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo»
Según la documentación consultada por El País, el cumplimiento de los plazos de las listas de espera forma parte de los indicadores incluidos en el contrato programa del Ramón y Cajal. Este documento establece los objetivos de gestión entre el hospital y el Servicio Madrileño de Salud. Además, la orden de la Consejería de Sanidad que regula la lista de espera quirúrgica en Madrid establece que son los cirujanos quienes tienen la responsabilidad sobre la indicación y el establecimiento de la prioridad clínica de los pacientes.
Para Hernández, el debate no puede reducirse únicamente al cumplimiento de cifras o indicadores. «Nos parece muy mal que se manipulen o se maquillen las listas de espera porque lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo», subraya.
Reforzar la trazabilidad de las listas de espera
La polémica también ha provocado la reacción del Ministerio de Sanidad. La ministra, Mónica García, ha anunciado que volverá a llevar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los nuevos criterios comunes de transparencia y trazabilidad de las listas de espera.
El Ministerio presentó estos indicadores a las comunidades autónomas el pasado mes de julio. Sin embargo, estas solicitaron entonces más tiempo antes de aprobarlos. García ha avanzado que la propuesta regresará al CISNS «en las próximas semanas».
Sanidad plantea un nuevo real decreto para reforzar el seguimiento de los pacientes y dificultar la manipulación de las listas de espera
Los nuevos criterios servirían de base para impulsar un real decreto de listas de espera que sustituya al vigente desde 2003. El objetivo, según ha explicado la ministra, es disponer de más información sobre el recorrido de cada paciente desde su entrada en una lista hasta la realización de la prueba o intervención. «Eso significa más transparencia, más trazabilidad y muchas más dificultades para poder manipular las agendas o esconder las esperas«, ha señalado García.
La ministra ha sido especialmente crítica después de conocerse las informaciones sobre el Ramón y Cajal. En un mensaje publicado en X ha afirmado que «manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado».
García también ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de estar «nuevamente poniendo en peligro a pacientes graves para maquillar sus datos de espera. Con la salud de los pacientes no se juega», ha concluido.
