Redacción
Finalmente, no habrá regulación que marque unas reglas del juego a los grupos de interés (o lobbies) que traten de influenciar a cargos públicos susceptibles de legislar a su favor o en su contra. El Congreso votó este miércoles en sesión plenaria por 176 votos en contra que la normativa no salga adelante, un texto que estaba en vigor desde el pasado 25 de agosto, cuando dio su visto bueno el Consejo de Ministros.
Como no ha superado la tramitación parlamentaria, las medidas que planteaba no se llegarán a establecer y tampoco las duras sanciones que planteaba para aquellos grupos de influencia que se extralimitasen a lo que estipulaba el real decreto-ley. Esta regulación, en realidad, venía desde Europa: era una exigencia de la Unión Europea (UE), que ponía como condición aprobar una ley en este sentido para liberar hasta 2.000 millones de euros de fondos europeos.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha concretado este jueves en una entrevista en la Cadena SER que España dejará de ingresar 260 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación.
La regulación clarificaba qué considera el Gobierno como grupo de interés y establecía la elaboración de un registro en el que estuviesen identificadas todas aquellas organizaciones con actividades o fines interesados
El ministro intentó convencer a aquellos grupos parlamentarios que ya habían expresado que votarían en contra (PP, Vox, Junts y PNV) con tal de revertir la decisión de alguno de ellos y que esta normativa pudiese seguir vigente. La regulación clarificaba qué considera el Gobierno como grupo de interés y establecía la elaboración de un registro en el que estuviesen identificadas todas aquellas organizaciones con actividades o fines interesados y que pudiesen influenciar a cargos públicos para que legislen de manera más favorable a sus intereses.
Este periódico contactó con los distintos consejos generales de profesionales sanitarios para conocer en qué medida podía afectarles la ley, respecto a la que se mostraron favorables al considerar que no atacaba sus competencias como corporaciones de derecho público y que, así, se los diferenciaba “de otras actuaciones que puedan tener una naturaleza distinta”.
Algunos diputados han reconocido haber sufrido intensas presiones durante el proceso de tramitación parlamentaria de leyes de profundo calado, como la Ley de Movilidad Sostenible que al final se aprobó a finales de 2025.
