Redacción
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE), a través de su Grupo de Trabajo de determinantes de la Salud, ha publicado un posicionamiento en el que alerta de que las dificultades para acceder a una vivienda y mantenerla impactan en el bienestar y pueden agravar las desigualdades sociales, por lo que asevera que el debate sobre la vivienda es también una «crisis de salud pública».
En el contexto de las movilizaciones ciudadanas por el derecho a la vivienda, la sociedad científica ha señalado que garantizar un hogar adecuado, estable, seguro y asequible debe constituir una prioridad de salud pública. Según recoge el documento, «disponer de una vivienda estable proporciona a las personas seguridad, privacidad y arraigo».
Los especialistas han destacado los riesgos que supone la presión económica para pagar el alquiler o la hipoteca, una situación que puede obligar a las familias a reducir el gasto en alimentación, calefacción, suministros o medicamentos. En este punto, han señalado que dedicar una parte elevada de los ingresos a la vivienda o vivir con la inseguridad de perderla puede actuar como un factor de estrés crónico.
La OMS relaciona las temperaturas extremas, el hacinamiento y las humedades en el hogar con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, lesiones y problemas de salud mental
Tras señalar que estas situaciones pueden derivar en exclusión residencial y sinhogarismo, han advertido de que las personas sin hogar presentan una elevada carga de problemas de salud, una mayor mortalidad prematura y dificultades para acceder y mantener una atención sanitaria continuada.
A su vez, han destacado la estrecha relación entre las condiciones de la vivienda y la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las temperaturas extremas en el hogar, el hacinamiento y las humedades se asocian con una mayor incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, lesiones y problemas de salud mental.
La sociedad científica también ha advertido de las consecuencias de la turistificación y la gentrificación, fenómenos que pueden desplazar a la población residente, transformar el comercio de proximidad y debilitar las redes vecinales. Según han detallado, la pérdida de estos vínculos puede reducir el apoyo social y el sentido de pertenencia, al tiempo que contribuye al aislamiento, la soledad no deseada y el desarraigo.
«Garantizar el derecho a la vivienda es también garantizar las condiciones necesarias para que el derecho a la salud pueda hacerse efectivo»
Los epidemiólogos han señalado que la falta de vivienda asequible puede dificultar la disponibilidad de profesionales necesarios para mantener los servicios públicos esenciales. En este sentido, han apuntado que puede convertirse en una barrera para atraer y retener a profesionales sanitarios, docentes y otros trabajadores.
Ante esta situación, la sociedad científica ha defendido que el acceso a una vivienda digna es «fundamental» para proteger y promover la salud de la población y ha precisado que «este acceso no puede limitarse a disponer de un techo», sino que tiene que incluir las condiciones necesarias para poder desarrollar un proyecto de vida «sin que el coste del hogar comprometa la alimentación, los suministros básicos o el cuidado de la salud».
«Invertir en vivienda es invertir en salud, en barrios saludables, comunidades cohesionadas y en una sociedad con menos desigualdades en salud. Garantizar el derecho a la vivienda es también garantizar las condiciones necesarias para que el derecho a la salud pueda hacerse efectivo«, han concluido.
