Redacción
Desde este lunes, todas las clínicas dentales de Vivanta han cerrado sus puertas definitivamente tras fracasar las negociaciones para la adquisición de parte del grupo dental por Donte Group. La operación no ha salido adelante debido a las discrepancias sobre sus condiciones y la devolución del rescate público concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Consejo General de Dentistas considera que esta situación ha puesto “un nuevo y grave episodio de desprotección de los pacientes en el sector odontológico”.
Según el comunicado, el Consejo señala que es “inadmisible” que, mientras se negociaban cifras millonarias, condiciones financieras y responsabilidades sobre la deuda, los pacientes hayan continuado expuestos a la incertidumbre sobre sus tratamientos. “No estamos hablando únicamente de la compraventa de una empresa, sino de la salud de miles de personas que confiaron en estos centros para recibir una atención sanitaria”, declara el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas.
El cierre de Vivanta deja a pacientes con tratamientos dentales interrumpidos y dudas sobre cómo continuarlos
Asimismo, la organización colegial considera que esta situación demuestra la necesidad urgente de establecer mecanismos que protejan eficazmente a los ciudadanos cuando una clínica dental cierra o deja de prestar los tratamientos contratados. Asimismo, insiste en que es imperativo aprobar una ley de publicidad sanitaria que impida campañas comerciales agresivas o engañosas y refuerce la protección de los ciudadanos frente a prácticas que puedan anteponer criterios mercantiles a los sanitarios. En este sentido, el Dr. Castro afirma que “no cuestionamos ningún modelo empresarial que cumpla la legislación y respete los derechos de pacientes y profesionales. Lo que no podemos aceptar es que el riesgo de una actividad empresarial termine trasladándose a quienes ya han pagado por recibir un tratamiento sanitario”.
Consejos para los afectados
Ante este escenario, el Consejo General de Dentistas ha lanzado varias recomendaciones a los pacientes afectados por el cierre de las clínicas. Ante la interrupción de un tratamiento odontológico, es importante conservar toda la documentación relacionada con la asistencia y los pagos, incluidos presupuestos, contratos, facturas, justificantes, documentos de financiación, consentimientos informados, resguardos de citas y comunicaciones con la clínica.
También conviene solicitar por escrito, mediante un canal que permita acreditar el envío, información concreta sobre la continuidad del tratamiento y una copia completa de la historia clínica, con radiografías y pruebas diagnósticas. Si se impide o dificulta el acceso a estos datos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y la autoridad sanitaria competente.
El Consejo General de Dentistas reclama mecanismos que protejan a los pacientes cuando una clínica cierra
Si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, se recomienda presentar una reclamación acreditable ante el prestador y comunicar la situación cuanto antes a la entidad financiera. El artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, contempla la posibilidad de ejercer frente al prestamista determinados derechos derivados del incumplimiento del proveedor, siempre que se cumplan los requisitos legales. Si se han abonado por adelantado prestaciones que todavía no se han realizado, también deben conservarse los justificantes y reclamarse las cantidades correspondientes. Cuando exista un procedimiento concursal, será necesario consultar las instrucciones oficiales para comunicar el crédito dentro del plazo establecido.
Si la interrupción del tratamiento puede perjudicar la salud o requiere una actuación que no admite demora, se aconseja acudir a otro dentista para que evalúe la situación. Es conveniente solicitar un informe sobre el estado bucodental, los procedimientos realizados y los que quedan pendientes. Según las circunstancias, también puede acudirse a las autoridades sanitarias y de consumo o al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. Antes de aceptar ofertas de otras clínicas, entidades financieras, intermediarios o despachos, conviene revisar detenidamente las condiciones clínicas, económicas y jurídicas de los servicios propuestos.
